La Fiscalía pide encarcelar a un ayuntamiento madrileño por 10 años de irregularidades urbanísticas
Acusa al alcalde de Colmenar Viejo, cinco concejales, al exalcalde y a cinco exconcejales de hacer “apología de la prevaricación” y pide para ellos entre dos y tres años y medio de prisión por 16 licencias urbanísticas concedidas de forma supuestamente irregular en la última década
Miguel Ángel Santamaría (centro) y su candidatura a las municipales / PP de Colmenar Viejo
Madrid
La Fiscalía ha pedido condenas de hasta tres años y medio de cárcel para casi todos los miembros de la corporación municipal de la localidad madrileña de Colmenar Viejo (PP), así como el equipo de Gobierno anterior, por haber concedido licencias urbanísticas de forma supuestamente irregular y saltándose los informes de los técnicos municipales durante toda una década. En un escrito, el Ministerio Público llega a acusar al alcalde de hacer "apología de la prevaricación", pidiendo que él, cinco ediles, el exalcalde y otros cinco exconcejales sean llevados a juicio por delitos de prevaricación urbanística.
La petición de penas más altas, de tres años y medio de prisión y otros diez de inhabilitación, además de 13.200 euros de multa, por un delito continuado de prevaricación urbanística, son para el actual alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría —vocal del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid—, junto con dos concejales, así como al exalcalde José María de Federico y cuatro exediles. Para otros tres concejales y un exconcejal pide dos años de prisión, entre ocho y 10 de inhabilitación y multa de 8.400 euros.
Tanto la Fiscalía de Medio Ambiente como el juzgado número 3 de Colmenar Viejo acusan a ambas corporaciones municipales de haber concedido hasta 16 licencias de primera ocupación a vecinos y promotores de la localidad sin hacer caso de los informes contrarios emitidos por los técnicos municipales. Obras, por ejemplo, permitiendo muros de cerramiento que superan la altura máxima permitida, edificios que no cumplían con las condiciones de salubridad mínimas exigidas o un edificio que se metía en la acera de la calle Pedro López.
El pasado 28 de abril el juzgado que se ha hecho cargo de la investigación decidió rechazar los recursos que los doce acusados habían presentado contra su procesamiento. Unos recursos y alegaciones en las que el alcalde y sus concejales aseguraban que decidieron otorgar las licencias atendiendo a principios de "proporcionalidad" ya que, según explican también en rueda de prensa, "la única solución era tirar los edificios".
Apología de la prevaricación
Unos argumentos que la Fiscalía rechaza con rotundidad, acusando al actual regidor de Colmenar Viejo y la mayoría de sus concejales - seis de los nueve que tiene el Partido Popular en el municipio - de hacer "apología de la prevaricación" al pretender conceder licencias "pasando por encima de los informes" de los técnicos municipales. Una "construcción perversa" y una "peligrosísima tesis" que según el fiscal César Estirado no viene avalada por "ninguna interpretación del derecho".
El fiscal también destaca que un consistorio "está vinculado plenamente a la normativa urbanística", y por eso pide que en el juicio sean llamados a declarar como peritos hasta nueve técnicos municipales que habrían intervenido en todos los expedientes urbanísticos investigados, que se extienden a lo largo de la última década.
"No cabe mayor ejercicio de arbitrariedad"
El Ministerio Público también destaca en sus escritos que el Ayuntamiento, a lo largo de los años, sólo sancionó tres de las dieciséis construcciones y obras hechas de forma irregular: "No cabe mayor ejercicio de arbitrariedad", sentencia. Asegura el fiscal que esta forma de actuar en esta localidad del norte de Madrid le lleva a hacerse varias preguntas "sin respuesta en un Estado de derecho", entre otras "¿Por qué los vecinos de Colmenar Viejo, cuando piden una licencia, están sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta o benevolente según los casos?".
"No será esta Fiscalía la que avale semejante doctrina, ni una sociedad democrática como la nuestra lo comprendería, muy sensible y con razón a los abusos de poder", finaliza, criticando que uno de los imputados haya definido las infracciones como "chorradas".
Posible entrada en prisión
Una hipotética sentencia condenatoria en los términos en los que solicita la Fiscalía supondría la entrada en prisión de buena parte de los acusados, incluso si carecen de antecedentes penales. Sería el caso del alcalde Miguel Ángel Santamaría, del exalcalde José María de Federico, los concejales César de la Serna y Ana Belén Colmenarejo y los exconcejales Antonia García, Inmaculada Viñoles, Justo García y Pablo Colmenarejo, para quienes pide tres años y seis meses de prisión. Solicita que de forma alternativa, si el juzgador considerase que el delito que han cometido no constituye un delito contra la ordenación del territorio, se les imponga sólo una condena de diez años de inhabilitación.
La petición de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación es para el primer teniente de Alcalde, Jorge García, y los concejales Carlos Blázquez y Juan José Serrano. Para el exconcejal Pedro Gómez pide dos años más de inhabilitación.
