Caos por la paralización de la demolición de Riegos el Progreso

Elche

La suspensión cautelar de la demolición del edificio de Nuevos Riegos el Progreso ha provocado un cruce de acusaciones entre los partidos de la oposición y el equipo de gobierno, así como un malestar generalizado entre los comerciantes de la calle que, ahora mismo, se encuentra cerrada al tráfico por el apuntalamiento de la fachada de la Plaza de la Constitución.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha asegurado, tras una reunión con técnicos en la que han vuelto a tratar el asunto, que esta mañana han pedido celeridad a la directora general de Cultura para que resuelvan, cuanto antes, el futuro del edificio de Riegos el Progreso. Ha aclarado también que se propuso a la empresa propietaria del inmueble, previa a la orden de demolición, que se pudiera mantener la fachada de la plaza de la Constitución en el proyecto constructivo. Sánchez insiste en que se trata de "una cuestión de voluntad y de coste económico". El responsable de Urbanismo ha asegurado "todo es negociable". Ha apuntado que "no se puede engañar a los ciudadanos",  y que "cuando se habla de proteger una cosa que legalmente no esta protegida eso tiene un gasto".

El Partido Popular también ha salido al paso del asunto. El portavoz adjunto del grupo, Vicente Granero, ha tachado la situación de "caos del tripartito". Asegura que está generando malestar entre los vecinos y los comerciantes de la zona por el corte de la calle al tráfico. Teme que este edificio se convierta en un nuevo Hotel de Arenales, por lo que piden que se resuelva de forma inmediata.

Por su parte, Ciudadanos ha criticado a los responsables del ayuntamiento y la conselleria de los actuales y pasados gobiernos por no haber protegido el inmueble. Advierte de que todo el proceso podría terminar en los tribunales con indemnizaciones a favor de los propietarios. El portavoz adjunto de la formación, Juan Antonio Sempere, lamenta que sean los ilicitanos los que van a sufrir "la incapacidad de los gobernantes en las dos últimas décadas".

Ilicitanos por Elche no ha querido ser menos, y también ha hecho declaraciones al respecto. Fernando Durá, portavoz adjunto, ha exigido una solución inmediata. Ha manifestado su contrariedad respecto a lo que consideran una descoordinación entre administraciones en la demolición del edificio. Esperan que el proceso no se alargue mucho tiempo por el bien de los vecinos y los comerciantes de la zona.

Precisamente, los propietarios de las tiendas de la calle Almórida y Plaza de la Constitución ha mostrado su malestar por el corte de la calle. Insisten en que está impidiendo la entrada a los camiones con las mercancías, provocando que tengan que aparcar con varios metros de distancia y distribuir los productos a pie. Otros afirman que el sábado a mediodía ya tuvieron que cerrar el comercio porque no había clientes.

El pasado viernes la conselleria de Cultura emitió una resolución suspendiendo cautelarmente el derribo y ofreciendo un plazo de diez días a los interesados para presentar sus alegaciones. Esta resolución se debe a la denuncia de un grupo de particulares que advirtió a la conselleria que el edificio podría estar protegido.