Anticorrupción pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi por amañar el PGOU

Alicante

Fiscalía Anticorrupción pide más de 10 años de cárcel para los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por amañar presuntamente el Plan General de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz.

Además, Felipe Briones, pide para Castedo 24 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Mientras que para su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, la petición de inhabilitación suma 29 años.

A los dos políticos les acusa de delito continuado de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias.

En cuanto a las multas, la solicitud asciende a 126 millones de euros para Sonia Castedo y 63 para Luis Díaz Alperi.

"Amistad íntima"

En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de información privilegiada en tentativa, tráfico de influencias y prevaricación. La multa que solicita para él es de 84 millones de euros.

El Fiscal Anticorrupción, duro en su exposición, considera que el Enrique Ortiz "mantenía una relación de amistad íntima, ya desde años anteriores a los hechos objeto de acusación, con los máximos responsables del Ayuntamiento de Alicante, los acusados Luis Díaz Alperi , alcalde de la ciudad y la concejala delegada de Urbanismo y sucesora de Alperi en la Alcaldía, Sonia Castedo Ramos"

"Signos de dicha amistad eran las permanentes comunicaciones telefónicas entre Ortiz con Alperi y con Castedo, de contenido privado, sin importar cuál fuera la hora y el día, el conocimiento de sus respectivas familias, las reuniones en sus respectivos domicilios particulares y los viajes de ocio que compartían", puede leerse en el documento al que ha tenido acceso Radio Alicante. "Los acusados, no obstante, procuraban que la relación no trascendiera al exterior, encubriéndola, en ocasiones como profesional".

El exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, sucumbieron a los intereses del constructor alicantino a cambio de dádivas olvidando su obligación de servicio público en beneficio propio. "Las dádivas de Ortiz no se materializan en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido si no en ofrecimiento permanente en cuanto pensara que serían del agrado de aquellos", dice el escrito.

"Al amparo de los políticos"

El acceso de Ortiz a la información reservada le "benefició, adelantándose a su adquisición, en futuras recalificaciones de suelo del Plan. Y aún más, el amparo que le fue dispensado desde la máxima estructura política municipal le franqueó la ordenación, a su interés, de muchas de sus apetencias urbanísticas o suelos en lo que, ya era propietario o lo fue a consecuencia de la adquisición ventajosa de terrenos".

Además, los trabajos del PGOU "debían mantenerse en la privacidad por las autoridades y funcionarios, Sin embargo, resultó sistemáticamente vulnerada por los acusados en favor de los intereses urbanísticos de Ortiz"

Así constan en las conversaciones recogidas por la Policía y que obran en el sumario. Ésta entre Ortiz y Castedo hablan en "clave" de TBO de El Coyote.

Destaca el fiscal Anticorrupción además la participación de Salvetti Abogados, con los letrados Javier Gutiérrez, exedil socialista y José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, al frente, encargados de elaborar y contestar las alegaciones presentadas al documento de planeamiento. Para cada uno de ellos pide Briones 10 años de cárcel y 5 de inhabilitación.

Faltan las defensas aún por presentar sus escritos respectivos.