Objetivo: frenar a los fondos buitre
La Plataforma Contra los Fondos Buitre se propone limitar por ley la actividad de estos fondos de inversión en el ámbito público. En Madrid la pasada legislatura les vendieron cerca de 6.000 viviendas sociales "por una miseria"
Manifestación contra la venta de vivienda pública / Alberto Pozas
Madrid
"No montan fábricas, no crean puestos de trabajo, no invierten en investigación y no pagan impuestos aquí porque tienen su domicilio en un paraíso fiscal. Solo especulan para ganar mucho dinero en muy poco tiempo". Mercedes Revuelta y Vicente Losada explican de esta forma el significado del término "fondo buitre".
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Ellos forman parte de la Plataforma Contra los Fondos Buitre que se ha creado en Madrid y que busca que se limite por ley la actividad de estos fondos de inversión en el ámbito de lo público.
Una plataforma ciudadana de la que también forma parte la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, organizaciones como Ecologistas en Acción, asociaciones de afectados por la venta de vivienda pública o del 15M en barrios como Usera o Latina.
"Aquí en Madrid no podemos olvidar que la pasada legislatura vendieron casi 6.000 viviendas públicas sociales a fondos de inversión por una miseria". Por eso defienden que "se tiene que legislar, hacer leyes que limiten su actividad en el ámbito de lo público". Vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, residencias de mayores. Sectores de los que ya forman parte y en los que buscan frenar su actividad
"No montan fábricas, no crean trabajo, no invierten en investigación y no pagan impuestos aquí". lConversación con Mercedes Revuelta y Vicente Losada de la Plataforma Contra los Fondos Buitre.
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¿Somos dueños de nuestras viviendas, de nuestros hospitales y de nuestros colegios, o no? se preguntan. Su argumento es que si Francia, el Reino Unido y sobre todo Bélgica ya han legislado para prevenir las actividades de estos fondos de inversión sobre su deuda pública, en España también habría que hacerlo. Pero van un paso más allá. "No solo sobre la deuda, sino sobre todos los servicios públicos en los que ya están".
En el caso de la sanidad madrileña, la política de construcción de nuevos hospitales de Esperanza Aguirre cediendo la gestión posterior del ámbito no sanitario a la empresa constructora abrió el camino. Cuando estas empresas ceden parte de su accionariado a estos fondos, explica Losada, empieza la "maraña" de nombres y sociedades en las que "se pierde la propiedad de lo que se ha conseguido y se mantiene con dinero público".
Por eso, continúa, si en algún momento un partido en el gobierno se propusiera revertir la privatización el problema sería conocer "quién es el titular último del accionariado". "Si no hay leyes que regulen esto y protejan lo que es nuestro y nos ha costado tanto conseguir, estamos perdidos" concluyen.
