El gobierno central recurre al Constitucional la Ley de Capitalidad

Zaragoza

Un dictamen, no vinculante, del Consejo de Estado lo señaló el pasado mes de junio: "Hay fundamentos jurídicos suficientes para un recurso de inconstitucionalidad", decía literalmente, refiriéndose al artículo 14 de la Ley de Capitalidad, que permitió a Zaragoza en Común cambiar la composición de las sociedades municipales el pasado mes de febrero, y que generó un terremoto político en las relaciones con los grupos políticos del consistorio. Este viernes el Consejo de Ministros acordó  presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.  

Este texto legal, que garantiza una financiación mínima a la ciudad de Zaragoza, fue aprobado el pasado mes de noviembre en las Cortes de Aragón con los votos a favor de la izquierda (PSOE, Podemos, CHA e IU) y la oposición de la derecha (PP, C's y PAR). Fija una aportación de 8 millones de euros y establece un convenio bilateral para financiar las competencias impropias. 

Tras la decisión de Consejo de Ministros, el Gobierno de Aragón defiende la constitucionalidad del texto pero también comprende que el actual gobierno de Pedro Sánchez presente el recurso en el TC. 

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén,  afirma que la Ley de Capitalidad es "perfectamente constitucional, aunque es verdad que el anterior gobierno del Partido Popular tomó la iniciativa para dirigirse al Consejo de Estado y que este hiciese un informe en el que entendía que el artículo 14 podía vulnerar la Constitución Española". Pero matiza: "Creo que el gobierno de España ha actuado bajo el principio de la defensa de la legalidad". 

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado a la Delegación del gobierno en Aragón el acuerdo del Consejo de Ministros, porque no ha llegado ninguna comunicación oficial. Valorarán esta decisión del gobierno central cuando conozcan al detalle el contenido del recurso. Cuando se conoció el informe no vinculante del Consejo de Estado el pasado mes de junio, Santisteve ya pidió a Lambán que defendiera el texto y la oposición exigió  a Zaragoza en Común que diera marcha atrás. 

Zaragoza en Común no se pronuncia, a la espera de conocer los detalles del recurso, del que no han recibido todavía ninguna comunicación oficial. Sí lo han hecho los grupos de la oposición en el ayuntamiento de la capital aragonesa. Todos esperan que el gobierno central solicite la suspensión de la ley mientras se resuelve  el recurso.  "si hay una suspensión cautelar", explica la socialista Lola Ranera, "tendremos que volver en las sociedades y patronatos a la situación anterior al nueve de febrero". Coincide Sara Fernández de Ciudadanos , mientras considera que el recurso al Tribunal Constitucional era un paso "lógico" tras el dictamen del Consejo de Estado.

El popular Jorge Azcón considera que si se suspende la ley " el alcalde Pedro Santisteve tiene un problema por la cantidad de decisiones que se han tomado en los consejos de adminsitración de las sociedades que no contaban con una pluralidad democrática, como llevamos mucho tiempo reclamando".

Por su parte, Carmelo Asensio de CHA considera que a ZeC solo le queda rectificar "ya que se ha quedado sin argumentos políticos y sin argumentos jurídicos", asegura.