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Madrid

La de ayer no ha sido la primera dimisión de Esperanza Aguirre. Ya lo hizo hace cuatro años, el 17 de septiembre de 2012. Entonces continuó como presidenta del partido en Madrid, a pesar de que hacía años ya que los escándalos estallaban por doquier. Ayer dimitió como presidenta del partido, pero a la pregunta de si seguirá como concejala del Ayuntamiento dijo: “Por supuesto que sí”.

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Los ataques de responsabilidad de Aguirre siempre dejan una puerta abierta para seguir ahí, por si acaso. Ayer convocó a los medios con urgencia, en domingo a la hora de comer, para decir que deja la presidencia del PP madrileño (en realidad le quedaban unos meses hasta el Congreso del partido), pero pretende seguir como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Hace cuatro días la Guardia Civil registró sus despachos en la calle Génova y chequeó el ordenador de su ex gerente. Pero en realidad Aguirre lleva más de diez años chapoteando con escándalos a su alrededor tan graves como variopintos. Llegó a la presidencia de la Comunidad tras el nunca aclarado tamayazo, durante su mandato Francisco Correa contrató a dedo 300 eventos que ella presidió y de los que se llevó el 10 por ciento su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, el hombre que le sostenía el bolso. Tiene en la cárcel por la Púnica a su antigua mano derecha y ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, a quien, una vez cesado, mantuvo todas las canonjías, siguió como diputado autonómico y ella lo hizo senador autonómico. Solo cayó del todo cuando le encontraron dinero en Suiza. Ha visto imputar a una veintena de miembros de sus gobiernos o alcaldes promovidos por ella y ha escuchado en una cinta a su vicepresidente González pedirle a un comisario que la ayudara a ocultar la compra de un ático millonario en Marbella.

Y aunque ella se atribuye haber destapado la Gürtel en el 2005, Correa siguió haciendo negocios con la Comunidad cuatro años más. Sobre “mamandurrias”, colocó a su secretaria como consejera de Caja Madrid y permitió que dos consejeros suyos colocaran a sus mujeres en empresas de la entidad, una caja por cuyo control peleó a dentelladas. Sin complejos liberales.

¡Ah!, y hay tres guardias civiles y un policía pendientes de ser juzgados por malversación de fondos públicos. Los acusan de espiar a adversarios de Aguirre dentro del propio PP.

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Bienvenido sea en 2016 el ataque de responsabilidad política. Pero, ¿por qué ahora? Morir matando se llama esa figura. Y apunta a Rajoy en su momento más débil. Si yo caigo, caemos todos. No lo dijo, no hacía falta.