No passa res

Obsérvese la magnitud de la anomalía: un president de la Generalitat -lo era cuando se produjeron los hechos- es condenado por desobediencia al Tribunal Constitucional. Y la cosa no tiene la menor trascendencia política. Ni al procés ni al independentismo se les mueve un pelo.

La explicación nos la da otra sentencia del Constitucional de tres años atrás. Tres años durante los cuales la democracia española, y no sólo el Gobierno, ha exhibido una impotencia y una incapacidad que pasarán a la historia. En esa sentencia número 42 de marzo 2014 contra la aprobación por el Parlament de la declaración de soberanía y del derecho a decidir se decía literalmente: “los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este Tribunal. Los poderes públicos son los llamados a resolverlos mediante el diálogo y la cooperación”. Fin de la cita.

Como el diálogo y la cooperación no han existido todo está como estaba, pero esclerotizado y degenerado. Se ha convertido en un problema sin solución. Por cierto, cuando un problema no tiene solución no se llama problema. Se llama realidad.

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