Volver urgentemente a la razón

Madrid

El gobierno de la Generalitat firmó anoche el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, tras aprobar horas antes esa ley, imponiéndosela a un Parlament semivacío, al margen de la ley, en contra los dictámenes de los letrados de la Cámara, en contra del propio consejo catalán de garantías estatutarias, pisoteando los derechos parlamentarios de las minorías, de la oposición que representa a la mitad de los catalanes, en un pleno que provocó bochorno y que fue efectivamente histórico pero para la degradación de las reglas básicas de la democracia.

Votaron a favor Junts Pel Sí y la CUP, se ausentaron Cs, PSC y PP, y Cataluña Sí que es Pot, el grupo en el que se integra Podemos, se abstuvo. Y después de que Puigdemont y sus consejeros firmaran el decreto de convocatoria, la mesa del Parlament tramitó también la segunda ley de ruptura, la ley de transitoriedad jurídica.

Ya le estamos empezando a tomar las medidas al destrozo. Ayer comenzamos a verlo. Ahora que de prisa y corriendo y con nocturnidad hemos podido leer las leyes con las que pretenden nada menos que construir un nuevo Estado y la normas complementarias que ha firmado esta noche el Govern, podemos decirles que: ni concreta con qué datos va a elaborar el censo, es decir, no se sabe a qué catalanes convocan a votar, ni dónde podrán hacerlo.

A las diez se reanuda el pleno del Parlament, a esa hora se reúne también el pleno del Tribunal Constitucional de donde saldrá la respuesta del Estado de Derecho, y para activarla hay convocado un Consejo de Ministros extraordinario en la Moncloa esta mañana y reuniones previstas de Rajoy con Pedro Sánchez y Albert Rivera, en representación del PSOE y Cs, los dos partidos que han mostrado el apoyo sin fisuras a restaurar la legalidad constitucional.

Pero el perímetro del destrozo todavía puede agrandarse y evitarlo es desde hoy responsabilidad de todos. En primer lugar, por supuesto, de los políticos catalanes que deberían medir muy bien sus palabras y sus actos para no arrastrar a su pueblo al precipicio al que ellos se asoman. Y tanto el gobierno como los partidos de ámbito estatal tienen la obligación de ponerse más temprano que tarde a buscar en la política la única salida posible. La razón habla, el sentimiento muerde. Hay que volver urgentemente a la razón.