La desconfianza entre partidos bloquea la necesaria reforma de la Constitución
Doce años y tres gobiernos después de la "propuesta Zapatero", avalada por el Consejo de Estado, los recelos partidarios impiden actualizar la norma básica
EFE
Madrid
Todo se agita, pero nada avanza. En su 39º aniversario, la Constitución presenta algunas grietas por el paso del tiempo. La posibilidad de reforma se ha instalado en el territorio político de la utopía. La desconfianza entre los principales partidos, la falta de mayorías parlamentarias sólidas o la crisis de Cataluña son factores que alejan de momento cualquier esperanza de una reforma urgente de la Constitución Española.
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El socialista Pedro Sánchez impulsa desde hace tiempo la idea de renovar la Ley Fundamental e intenta convencer a Mariano Rajoy de la necesidad de acometer este empeño. Hay días que el presidente del Gobierno parece estar dispuesto a la tarea y otros en que se quita de encima el compromiso como alguien se sacude el polvo de un traje. Todos admiten la necesidad de reformas pero pocos se mueven para llevarlas a cabo.
El PP, partido mayoritario que gobierna ahora en España, acepta "hablar" del problema pero aclara que no existe el consenso suficiente para avanzar en la tarea. De todas las propuestas de cambio conocidas, apenas admite algunas, entre ellas, modificar el artículo 57 de la Constitución que regula la sucesión de la Corona y supone una clara discriminación por razón de sexo -"La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos"-. Se trata de un anacronismo que, además, la propia Constitución prohíbe expresamente -artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"- y que choca frontalmente con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
El PSOE (segundo partido en número de escaños) apoya algunos ajustes sustanciales: desde la eliminación de la última reforma exprés -la tramitó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP y con España al borde de la quiebra para limitar el déficit público y restringir las posibilidades de gasto- hasta una clarificación de las competencias para evitar la confusión generada por las competencias compartidas entre administración central y comunidades autónomas. Propone además profundizar en el federalismo para reforzar y proteger las singularidades de determinados territorios en una España plurinacional y la inclusión de la sanidad y los servicios sociales entre los derechos fundamentales, como ya figura la educación en la norma fundamental.
Podemos, tercero en discordia, plantea una revisión a fondo de la Constitución basada en cinco grandes cambios. Su líder, Pablo Iglesias, plantea modificar la ley electoral para que sea más proporcional y evite la circunscripción provincial que perjudica a los partidos minoritarios; reformar la organización de la administración de Justicia para garantizar su independencia del poder político; blindar los derechos sociales, como la vivienda o la sanidad; legislar contra la corrupción eliminando aforamientos y recoger en la Carta Magna el derecho a decidir de los territorios.
Ciudadanos defiende la reforma constitucional pero si no es para premiar a los nacionalismos: "La finalidad nunca debe ser contentar a quienes quieren romper España", explica su líder, Albert Rivera, en referencia a los independentistas catalanes. Ciudadanos rechaza cualquier reforma que permita el derecho de autodeterminación de los distintos territorios, defiende la eliminación de los aforamientos, el cambio de la Ley electoral, la eliminación del Senado y de las diputaciones provinciales y modificaciones tendentes a fortalecer a la administración central frente a las comunidades.
Estas premisas permitirían algún tipo de acuerdo sobre aspectos que todos los partidos citan cuando explican sus planes de reforma constitucional. Pero a la vez, algunas reivindicaciones de unos y otros eliminan cualquier posibilidad de consenso.
Nueve catedráticos de derecho constitucional coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de derecho administrativo, han firmado una especie de manifiesto a favor de la reforma de la Constitución que defiende la posibilidad de cambios sin necesidad de un consenso parecido al que se dio en 1978. El texto constitucional fue votado entonces por 325 de los 350 diputados de la cámara. Estos catedráticos entiende que para la reforma bastaría con lo que marca la propia Constitución: entre 210 y 233 diputados, una cifra que alcanzan ahora los tres partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que no defienden, como Podemos, una revisión en profundidad de la Constitución sino algunas reformas.
