El riesgo de que te desborde la realidad
Mientras crece la preocupación por la censura, la marcha de pensionistas y la batalla por la igualdad avisan al Gobierno de que, aunque bloquee la política, la sociedad no espera
Miles de jubilados secundan una concentración en defensa del sistema público de pensiones. / Jesús Narvaiza (EFE)
Madrid
De pronto, empezaron a ocurrir cosas. Inesperadas. En el pasillo del Congreso, los periodistas preguntaban por la libertad de expresión como se hacía en la Transición y llegaban noticias de un cuadro censurado y un libro secuestrado y una condena de tres años de prisión a un rapero. De pronto, el partido en el Gobierno discutía la brecha salarial y hacía saber que la huelga feminista prevista para el 8 de marzo le parece elitista y razón de enfrentamiento. De pronto, al salir del hemiciclo y asomarse a la realidad, la calle rebosaba de jubilados que clamaban por las pensiones y las pensiones de sus hijos. Aires de protesta y consignas que ya se corearon cuando la Constitución, que este año cumple los 40. En mitad de los eslóganes del Gobierno sobre la recuperación, han empezado a ocurrir cosas de repente.
El Ejecutivo quiere nuevos presupuestos pero aún no sabe si puede y confía en que la situación catalana se arregle por agotamiento. Ha frenado la política como si con eso fuera a pararse la sociedad, pero la sociedad no se para y, aunque la política renuncie a liderarla, la sociedad se mueve. Hacia adelante. A los lados –dicen que, con el procés, a la derecha, como demuestra la agitación creciente entre PP y Ciudadanos–. Pero también hacia atrás, con manifestaciones de censura que llevan a la oposición a describir una "regresión de derechos y libertades" que el Gobierno niega.
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El Gobierno desiste de impulsar proyectos y el Congreso pasará las dos próximas semanas sin reunir al pleno, pero nada de eso frena las pulsiones sociales o un debate ideológico que emerge en este momento: que el PP perdiera hace tres años su mayoría absoluta no quita para que sea ahora cuando se perciban los efectos de sus reformas, que siguen intactas. Ahí está la ley mordaza, por la que puede sancionarse a los pensionistas que llevaron su protesta a la misma puerta de los Leones.
El debate de esta semana sobre el estado de la libertad de expresión fue social, expresado a través de plataformas, entidades como Amnistía Internacional o articulado en las redes sociales. La defensa de las pensiones la lideraron los jubilados en las calles. La reivindicación por la igualdad de la mujer arraiga y se extiende en canales que van mucho más allá de la política, que la desbordan. Y ante esa realidad, como si la sociedad fuera a esperar, el PP rebate la huelga del 8M advirtiendo de que "rompe el modelo de sociedad occidental".
El Gobierno ha tenido que salir a defender que "la libertad de expresión está más que garantizada en España", ha llegado a decir del ministro Zoido. El PP se ha apresurado a pedir que se interprete "de forma generosa" el argumentario en el que descalificaba la huelga feminista. Los portavoces del partido corren para intentar convencer a los pensionistas de que han tratado de mantener sus prestaciones. Tanta prisa tiene que ver con las encuestas, porque Ciudadanos aprieta y los mayores son, como se sabe, un sector imprescindible entre los votantes del PP. Pero el riesgo no está en desplomarse en los sondeos ni afecta siquiera a un partido concreto. El riesgo es que la realidad desborde al Congreso y a la política misma. Que la realidad te sorprenda de repente mientras estabas, por ejemplo, tratando de rascar cuatro votos a tu rival hablando de la prisión permanente revisable o a cuenta de un conflicto lingüístico que, en la calle, no se ve.
