Batasuna pide a ETA un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable"

La antigua Batasuna ha pedido este sábado a ETA que declare "un alto el fuego permanente, unilateral y verificable". Lo ha hecho en un documento que también han firmado EA, Aralar, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna (AB), presentado esta tarde en un acto político en Gernika (Vizcaya)

El acuerdo contempla que a la organización terrorista y a los gobiernos español y francés corresponde tomar "decisiones e iniciativas" que consoliden un "escenario de paz y normalización política", mientras que "agentes políticos, sindicales y sociales" deberán, posteriormente, ocuparse del "diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto".

Los firmantes también recogen el necesario "reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".

El texto, denominado ''Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas'', se ha presentado en el Teatro Liceo de la localidad vizcaína de Gernika en un acto con presencia de los representantes de una treintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas que respaldan esta iniciativa, presidido por una reproducción de ''El Guernica'' de Pablo Picasso.

El dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxebarria, el secretario general de EA, Pello Urizar, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, y el representante de Abertzaleen Batasuna Jon Garai han suscrito el documento, al que se ha dado lectura en francés, euskara y castellano.

El documento comienza constantando que "Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas".

En esa dirección, señala que "se deberá asentar en primer lugar una situación de no violencia con garantías" y "un primer estadio de normalización política" en base a ocho "contenidos", entre ellos la declaración por parte de ETA de "un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada".

El segundo de ellos consiste en el "el reconocimiento de los derechos civiles y políticos", permitiendo el desarrollo de "todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos". En este sentido, exige la derogación de la Ley de Partidos Políticos porque constituye "un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales".

El tercero alude a la desaparición de "todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política".

En el cuarto, se pide el cese de la política penitenciaria "planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación" y la adopción de diversas medidas como "primer paso del camino hacia la amnistía", que conduzca a "la ausencia total de presos y exiliados".

En estas peticiones, se incluye el fin de "la dispersión", la puesta en libertad de presos con graves enfermedades, la concesión de la libertad provisional para presos preventivos pendientes de juicio en prisión y los penados que "hayan cumplido los requisitos legales", la aplicación "sin restricciones ni arbitrariedades" de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos, la derogación de la legislación que "impone cuarenta años de condena".

Completan los principios planteados en el documento la revisión de los procesos judiciales contra "personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política"; la derogación de "tribunales especiales y legislación de excepción"; el levantamiento de "las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizaciones independentistas"; y el impulso de la participación de agentes internacionales "a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos".

Las organizaciones firmantes demandan tanto a ETA y como a los gobiernos español y francés que adopten "decisiones e iniciativas que permitan configurar un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva".