¿Qué hará el Gobierno en materia de reforma laboral?

Los acuerdos que han presentado sindicatos y empresarios en materia de reforma laboral son "insuficientes", según el Gobierno, y no tocan ninguno de los aspectos principales de las relaciones laborales, que son también los más polémicos: contratación y despido, salarios y negociación colectiva. El ejecutivo ha dado algunas pistas de por dónde piensa ir, y Rajoy ha dicho que las 71 enmiendas que presentó el PP durante el debate de la reforma laboral de 2010 "está buena parte de lo que nosotros queremos que se haga". Teniendo en cuenta esos indicios, estos son algunos de los elementos sobre los que podría actuar el ejecutivo.

Contratación y despido

- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho en una entrevista en Abc que el Gobierno quiere "extender el uso del contrato de 33 días de despido, hacerlo más operativo". A pesar de que anteriores reformas laborales han impulsado su utilización frente al indefinido ordinario (con indemnización por despido de 45 días por año trabajado), todavía es una fórmula que se emplea poco. En sus enmiendas a la anterior reforma laboral, el PP apostaba por bonificar este contrato para impulsar su uso.

- Si -como parece- de abaratar el coste del despido se trata, hay otra vía que permitiría hacerlo sin un gran cambio legislativo: facilitar el recurso al despido objetivo, el que se justifica por la mala situación económica de la empresa, que sólo paga 20 días por año. La anterior reforma laboral rebajó los requisitos necesarios para impulsar su uso, pero sigue siendo muy complicado para los empresarios recurrir a esta fórmula, con lo que prefieren pagar 45 días para echar inmediatamente un trabajador antes que introducirse en un complicado proceso legal.

- En este sentido, también se podrían reducir los requisitos para lograr un despido colectivo, mediante Expediente de Regulación de Empleo. Una de las ideas que han circulado es eliminar la preceptiva autorización administrativa para acometer un proceso de este estilo, dejando la tutela de los derechos de los trabajadores únicamente a los tribunales.

- El Gobierno parece descartar, al menos en principio, las ideas que desde los ámbitos más liberales y proempresariales se han barajado: la del contrato único (con una indemnización creciente, a medida que el trabajador pase años en la empresa, que partiría de unos 10 días por año y alcanzaría como máximo unos 30), y la del contrato de crisis (un nuevo contrato fijo con una indemnización de 20 días donde ahora son 45, y de 12 donde ahora son 20).

- Por otro lado, el PP primero y el Gobierno después han defendido en los últimos tiempos como formas de estímulo para la contratación ideas como dar más juego a los contratos a tiempo parcial, impulsar el teletrabajo, y bonificar los contratos que hagan las empresas nuevas. Las dos primeras son ideas que el PP recogía en sus 71 enmiendas, y la última estaba incluída en el programa con el que ganó las elecciones.

Salarios

- El Gobierno no tiene influencia directa sobre los salarios del sector privado: su fijación depende de la negociación entre empresarios y trabajadores en el marco de la negociación colectiva. Pero el ejecutivo sí puede propiciar de forma indirecta la alteración de los salarios, favoreciendo los descuelgues: los mecanismos para que las empresas puedan saltarse lo dispuesto en los convenios en momentos de crisis. En sus enmiendas a la reforma de 2010, el PP diseñaba un procedimiento único y más fácil de descuelgue. Se podría recurrir a él para inaplicar todo tipo de materias (jornada, horarios, salarios, etc.) y para ello el empresario tendría que mostrar sencillamente que la adopción de esas medidas "contribuye a mejorar la situación de la empresa". Actualmente, sólo se permiten los descuelgues salariales de convenios sectoriales, no de los de empresa, y para ello hay que alegar al menos una "disminución persistente del nivel de ingresos".

- Otra forma de influencia (indirecta) del Gobierno en los salarios del sector privado es actuar sobre los salarios que sí puede alterar: los de los empleados públicos y el Salario Mínimo. Ambos han quedado congelados en este comienzo de año (veremos qué pasa en los nuevos presupuestos que se elaborarán en marzo), lo que deja ejercer su influencia, difusa pero real, sobre los negociadores de los convenios; al fin y al cabo, las administraciones públicas son el primer empleador del país, con más de 2.600.000 trabajadores.

- En todo caso, las líneas generales para la fijación de los salarios, y también sobre su evolución (si se ligan a la inflación, o si se utiliza alguna otra fórmula que tenga en cuenta la productividad) estan en manos totalmente de empresarios y sindicatos. Si el Gobierno quiere darse poder en este campo, tendría que acometer una reforma legal muy importante.

Negociación colectiva (convenios)

- En relación con lo ya dicho sobre los descuelgues, una posible reforma para permitir a las empresas ajustarse más rápidamente a la crisis pasaría por facilitar los mecanismos de flexibilidad: las posibilidades del empresario de cambiar la jornada, las condiciones o incluso el lugar donde ejerce su labor el trabajador. Una vía que ya se tomó en la reforma laboral de 2010, en la que se podría profundizar ahora.

- En las 71 enmiendas del PP a esa reforma se abría la puerta a revisar los convenios mientras están en vigor -ahora no se puede-, y se prohíbe usar la huelga como medida de presión para alterar las condiciones de lo ya pactado.

- Otra medida, defendida además por el PP durante la campaña electoral, es propiciar los convenios de empresa, con la justificación de que la negociación en este caso está más pegada al día a día de cada una de las compañías. La idea es que lo pactado a este nivel tenga preferencia sobre lo acordado en niveles superiores (sectorial, provincial...).

- El problema con los convenios de empresa es que las pequeñas y medianas empresas no suelen tener la capacidad jurídica y negociadora para plantearse firmar un convenio. En estos casos, se podría llegar a favorecer los acuerdos de empresa (más sencillos que un convenio) o incluso que la decisión directa del empresario se imponga, y si los trabajadores están en desacuerdo tengan que recurrir a la tutela judicial.

Otras materias

- Las enmiendas del PP a la reforma de 2010 incluían un sistema de impulso de la formación según el cual los trabajadores tendrían derecho a 20 horas de formación anuales. Se podría instituir un sistema de financiación para el derecho individual a la formación vía cheque formación, y se preveía la apertura de una cuenta de formación en el Servicio Público de Empleo Estatal, ligada al número de cotización a la Seguridad Social, para que en ella conste la formación recibida a lo largo de su carrera profesional.

- Esas enmiendas preveían también que se facilitase el despido por absentismo. Se buscaba eliminar el requisito de que fuese necesario acreditar, además de las faltas del trabajador, un absentismo colectivo en la plantilla de la empresa en la que trabaje.