El Gobierno paraliza los desahucios a grupos vulnerables y crea un fondo social de pisos

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto Ley de medidas de protección de los deudores hipotecarios por el que se crea un fondo social de viviendas de alquiler para las personas que hayan perdido su vivienda y ha establecido unos límites para frenar el desalojo de las viviendas.

En la reunión, que ha estado presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se han concretado los detalles de las medidas que el Ejecutivo considera que hay que poner en marcha ya ante el problema de los desahucios. La rueda de prensa ha corrido a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y de Luis de Guindos, ministro de Economía.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el Gobierno paralizará el desahucio de los colectivos vulnerables durante un periodo de dos años. En este grupo de protección entran las unidades familiares que no superen tres veces el IPREM (fijado para 2012 en 532 euros al mes), lo que supone que la medida afecta a familias que no superen los 1.597 euros al mes.

Además, se acuerda crear de manera urgente un "fondo social de viviendas", es decir, una "parque de viviendas destinadas al alquiler" con casas que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos. Estas viviendas serán de renta baja y razonable para personas que se han quedado sin vivienda. "Estas dos medidas son las más urgentes, inmediatas y que hay que poner en marcha ya", precisó la vicepresidenta.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha añadido que la paralización del desahucio se aplicará además a familias numerosas, a unidades familiares monoparentales con dos hijos a su cargo, a unidades familiares a cuyo cargo haya menores de tres años, a las familias que tengan a su cargo personas con discapacidad superior al 33%, dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar, deudores en desempleo sin ninguna prestación y hogares donde haya víctimas de violencia de género y que éste sea su domicilio principal. El Gobierno ha explicado que este decreto no se trata de una modificación en la Ley Hipotecaria y ha insistido en su carácter temporal de dos años.

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Las diferencias del PSOE

La medida del Gobierno llega sin el acuerdo de la oposición. El secretario general de PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado a su grupo parlamentario los puntos en los que su partido discrepa del Ejecutivo. El PSOE cree que la moratoria debe beneficiar a todas las familias protegidas por el Código de Buenas Prácticas y apunta a que la reforma de la Ley Hipotecaria debería acabar con las situaciones de abuso de los bancos para que no se repita la situación que estamos viviendo. El PSOE también quería que quede clara la obligatoriedad del Código de Buenas Practicas para los bancos.