El Gobierno espera más movilización social en 2013

Además de la polémica reforma educativa o la del aborto, el Ejecutivo tiene previsto acometer otras al año que viene. El Gobierno está preocupado por las protestas que conllevará la liberalización de los servicios profesionales que afectará desde arquitectos a notarios... y por la reacción ciudadana si se tocan de nuevo las pensiones y la edad de jubilación.

Mariano Rajoy ya ha anunciado que en 2013 seguirá "la senda reformista" de su Gobierno. Y en la Interparlamentaria que celebró el Partido Popular en Toledo, Soraya Sáenz de Santamaría indicó que ahora llegan las necesarias para que España gane "en competitividad".

La vicepresidenta avanzó algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha. Dijo que la Ley de Unidad de Mercado está al caer y también que se va a proceder a la liberalización de "determinados servicios" en Energía y Telecomunicaciones con el objetivo de facilitar las gestiones a consumidores y usuarios. Además anunció que llegarán medidas relativas a los emprendedores y otras que afectarán al ámbito de las exportaciones, el transporte y la vivienda.

"Cuando contamos el número de reformas que hemos aprobado a uno le da cansancio retroactivo porque han sido muchas", bromeó Sáenz de Santamaría en ese acto. Reformas en su mayoría realizadas por Rajoy a golpe de decreto. Cerca de 30 solo en su primer año de mandato.

Pero ahora vienen más reformas y algunas van a ser muy controvertidas. A las de la educación y la del aborto, se sumarán dos en las que está trabajando el Gobierno: la reforma de los servicios profesionales y la del sistema de pensiones.

En cuanto a la primera, el equipo de Rajoy teme sobre todo que aumente el descontento social y se produzcan más manifestaciones. En la Moncloa saben que ahora hay muchos sectores soliviantados como, por ejemplo, el de los funcionarios o los sanitarios, pero consideran que con los cambios que se avecinan en los servicios profesionales serán más los colectivos afectados y aumentará el número de protestas.

Los cambios afectarán a notarios, registradores, ingenieros, arquitectos... A todos aquellos que estén colegiados. Por eso el sector propugna una regulación "equilibrada" ya que, a su juicio, una liberalización excesiva podría tener consecuencias negativas sobre los derechos de la ciudadanía. Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, el objetivo es "fomentar la competencia en este segmento". Asegura que se pretende "revisar la obligación de colegiación y mantenerla únicamente para aquellos casos en los que sea estrictamente necesario en función del interés general".

''También se eliminarán todas aquellas barreras que se consideren injustificadas desde el punto de vista del ejercicio y el acceso a algunas profesiones altamente reguladas", ha explicado el ministro.

Respecto a la reforma de las pensiones, muchos en el PP dan por hecho que el Gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión Europea como se ha hecho ya, al final, en otras ocasiones. Bruselas quiere que nuestro país defina cuanto antes el "factor de sostenibilidad" que permita ajustar las pensiones a la esperanza de vida.

En el partido de Rajoy hablan de complicar la jubilación anticipada y de ver si se acelera la subida de la edad de jubilación legal hasta los 67 años que está previsto que se haga de forma gradual hasta 2027. También se discute si se debe o no elevar aún más la edad, se estudia si sería conveniente desvincular la revalorización de las pensiones del IPC o si sería mejor aplicarla en función de la situación económica que haya... Se barajan varias fórmulas pero el Gobierno, por el momento, no concreta.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, descarta que se vaya a anticipar lo de los 67 años y el PP siempre ha defendido acercar la edad de jubilación real a la legal, antes que elevar la edad del retiro. Pero habrá que esperar a ver qué se lleva al Pacto de Toledo, donde se está ultimando la reforma. De hecho, alguna de las novedades en materia de jubilación podría llevarse al próximo consejo de ministros, aunque Rajoy garantizó en el Congreso que antes de final de año no se abordaría ninguna reforma del sistema de pensiones.

En este asunto los colaboradores del presidente van con pies de plomo. Saben que en un país con casi 9 millones de pensionistas se la juegan. Es uno de los temas que mayor coste electoral les puede suponer y también están preocupados por el descontento social que pueda acarrear. Son conscientes de que todo el mundo está pendiente de ello después de que Rajoy dijera en septiembre que las pensiones iban a ser la "línea roja" que no pensaba traspasar por la austeridad y tan solo dos meses más tarde incumplía de nuevo su palabra.

Habrá que ver qué hace el Gobierno ahora. En la hemeroteca queda reflejada su posición cuando Zapatero aprobó en 2011 su reforma de las pensiones. Entonces el Partido Popular se oponía a elevar la edad de jubilación. El entonces portavoz popular, Tomás Burgos (ahora Secretario de Estado de la Seguridad Social) explicó que su grupo se negaba porque hacerlo era "una medida inapropiada e injusta". A su juicio, la prolongación de la vida laboral iba a causar una lesión "enorme" de derechos.