Anticorrupción apremia a la Abogacía del Estado a personarse en la caja B del PP
Considera que “no hay otro caso en el que esté más legitimada” la defensa de los intereses del país. El Abogado del Estado responsable del caso es un cargo de libre designación nombrado por la jefa de estos letrados, Marta Silva Lapuerta, que se apartó por "conflicto de intereses"
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción, como otras fuentes jurídicas consultadas por la SER, también ve “inexplicable” que la Abogacía del Estado no se haya personado en el caso de la supuesta financiación en negro del partido popular. Recuerda que desde el inicio de la investigación, hace casi dos años, no solo el juez instructor, sino también los tres magistrados de Sala, han apreciado indicios de supuesto delito fiscal, que es la condición marcada por la Abogacía General para formar parte de la causa.
Pero hay más, según las fuentes de Anticorrupción consultadas por la SER. Los peritos de la Agencia Tributaria han concluido que el PP no habría cometido fraude fiscal con los pagos en negro por 1,7 millones en las obras de la sede central, y a juicio del Ministerio Público, la Abogacía del Estado debería formar parte del procedimiento para pronunciarse respecto a si está de acuerdo o no con esta aseveración.
La Abogacía del Estado se ha negado a personarse “en varias ocasiones” según Anticorrupción
Además, según la Fiscalía, “no hay otro caso en el que esté más legitimada” la presencia de la Abogacía del Estado, porque el supuesto dinero negro que habría recibido el PP de empresarios, procedería de adjudicaciones públicas amañadas, por lo que para Anticorrupción, la Abogacía del Estado debería investigar este asunto. Las mismas fuentes afirman que han pedido “en varias ocasiones” de forma “verbal” a este cuerpo de letrados que se incorporen al caso, pero de momento la petición ha caído en saco roto.
La Abogada del Estado “apartada” por conflicto de intereses
La Abogacía del Estado es un cuerpo fuertemente jerarquizado. La jefa de los abogados del Estado, como les contó la SER, es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero imputado Álvaro Lapuerta y fue alto cargo de Sacyr en la época en la que esta empresa pagó supuestamente la comisión de 200.000 euros para la campaña de Cospedal, a cambio de una contrata de basuras en Toledo. Además, quien fichó a Marta Silva en Sacyr fue Luis del Rivero, el expresidente de la entidad imputado por donar, supuestamente, 480.000 euros a la contabilidad negra del PP.
El responsable es cargo de confianza de Marta Silva Lapuerta
El Ministerio de Justicia ha afirmado a la SER que Marta Silva Lapuerta se apartó del caso por conflicto de intereses. La situación se puso en conocimiento de su superior el año pasado, el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón, quien dictó una resolución por la que traspasó todas las competencias del caso al subdirector de servicios de lo contencioso de la Abogacía General del Estado, Fernando Irurzun Montoro, según el ministerio.
Por lo tanto, la decisión de que la Abogacía del Estado se persone en la Caja B del PP depende de Fernando Irurzun.
Se da la circunstancia de que el puesto de subdirector de servicios de lo contencioso de la Abogacía del Estado que ocupa Fernando Irurzun es de libre designación: Es decir, a dedo. Y quien firmó su nombramiento según el BOE de 20 de julio de 2012, por delegación del ministro de Justicia, fue la Abogada General del Estado, Marta Silva Lapuerta.