El fiscal acusa a la Audiencia de Palma de usar un "raquítico pudo conocer" para sentar en el banquillo a la infanta

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Baleares, Pedro Horrach, ha registrado este martes los casi 600 folios que ocupa el escrito de acusación por el fraude del Instituto Nóos. Un repaso a casi cuatro años de instrucción que comienzan cuando Iñaki Urdangarin y Diego Torres deciden constituir lo que parecía una entidad sin ánimo de lucro y que acabó por convertirse en una máquina de recaudar dinero de los gobiernos de Baleares y Valencia para organizar cinco jornadas de cultura y deporte. Contratos con la administración pública al margen de los procedimientos legales, según la investigación, y dinero público que pasó por el instituto Nóos para terminar en empresas controladas por Urdangarin y Torres con la cobertura de facturas por servicios no prestados. Por eso el fiscal pedirá 19 años y medio de cárcel para el duque de Palma y 16 años y medio para su socio con multas que ascienden a casi 3,5 millones de euros para Urdangarin y 3,8 millones para Torres. Les atribuye los delitos de malversación, contra la hacienda pública, fraude a la administración, estafa, falsedad documental y blanqueo. Cristina de Borbón La infanta se mantiene como participante a título lucrativo a ojos de la fiscalía que le reclamará casi 600.000 euros. Pedro Horrach se pronuncia sobre la decisión de la Audiencia de Palma que ordenó que la hermana del rey se sentara en el banquillo como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Subraya que a Cristina de Borbón se la imputa «en base a una sospecha -pudo saber- que invierte la carga de la prueba y pervierte la presunción de inocencia». La sala, añade, «deriva al marco del juicio oral la prueba de la existencia de algún dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse». El fiscal señala que «tras meses de afanada investigación la conclusión que se ha extraído es un raquítico pudo conocer que sitúa a Cristina de Borbón en una posición de indefensión» y usa su escrito para poner de manifiesto las contradicciones entre los distintos autos de la Audiencia de Palma sobre el papel de la hermana del rey tanto en el Instituto Nóos como en la empresa Aizóon. La fiscalía califica la actuación de los magistrados de «errático paseo interpretativo» y señala que «se pasa sin complejos del desconocimiento de la infanta al debería saber y del no tenía porque conocer al pudo conocer». Nada dice el auto, concluye Anticorrupción, para justificar que «de simple figurante o elemento decorativo pase sin solución de continuidad a imputada como consecuencia de una pretendida posición de garante en Aizóon», ya que, parafraseando a la sala, asegura que «tan innegable e inobjetable es que la imputada era socia de una entidad mercantil como innegable e inobjetable es que dicho hecho es en sí mismo irrelevante desde el punto de vista penal». Y ello porque su papel de socia «es fruto de una petición expresa de su cónyuge para que ejerciera como cobertura de bloqueo ante cualquier incidencia futura y que serviría de impunidad operativa ante cualquier incidencia ilícita». Una posición que ella asumió «dada la garantía y confianza que le ofrecía su marido sin ser consciente del objetivo último de su presencia». Pedro Horrach dedica un apartado a la doctrina Botín, que deberá aplicar el juez José Castro en el auto de apertura de juicio oral, y critica el «matiz» introducido por la Audiencia de Palma para facilitar que Cristina de Borbón se siente en el banquillo al entender que en este caso, a diferencia del que dio nombre a esta doctrina jurisprudencial, hay otras personas que forman parte de la misma trama a las que el fiscal acusa de delito fiscal. Por eso, la acusación popular se basta por sí sola para mantener la acusación de la infanta. El fiscal entiende, sin embargo, que se vulnera el principio de igualdad que debe impedir que la interpretación de las normas se convierta en un «cajón de sastre donde todo vale». Y es que si el titular de un bien jurídico supuestamente lesionado no ejerce la acción penal porque legítimamente considera que no existe delito, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, propone en su escrito de acusación la comparecencia de más de 350 testigos de cara al juicio por el caso Nóos, entre ellas, la de la infanta Cristina. Horrach solicita que acudan al plenario el que fuera jefe de la Casa Real, Alberto Aza, el exministro de Economía, Rodrigo Rato o el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga. El fiscal también prevé citar en el juicio a 20 agentes de la Policía Nacional que participaron en las labores de registro de la sede del Instituto Noos, así como de varios interventores, peritos y funcionarios de la Agencia Tributaria. El fiscal incluye además en la causa algunos de los correos que el exsocio de Iñaki Urdangarin ha ido entregando en el juzgado en los casi cuatro años de instrucción.

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Anticorrupción entrega el escrito de acusación en el que pide la apertura de juicio oral para Iñaki Urdangarin, Diego Torres y otros doce imputados por el fraude del Instituto Nóos

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