La infanta Cristina, imputada en el 'caso Nóos'

El juez José Castro ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina. La decisión judicial llega después de la última entrega de correos electrónicos del exsocio del duque de Palma, Diego Torres. La hija del Rey debe acudir a declarar el 27 de abril como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos.

La declaración de la infanta está prevista para las 10:00 en los juzgados de Vía Alemania de la capital balear, en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de más de seis millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido en su día por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta.

Urdangarin está imputado en esta causa desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones, en febrero de 2012 y febrero de 2013. La hija del Rey era la única de los cinco miembros de la junta directiva de esta entidad sin ánimo de lucro que no había sido imputada. Una situación en la que se encuentran, además de su marido Iñaki Urdangarin, su exsocio, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.

El pasado 27 de marzo la Cadena SER reveló que Diego Torres había entregado al juez José Castro nuevos correos electrónicos con el objetivo de vincular a la Infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos.

En uno de los mails remitidos por Iñaki Urdangarin a su esposa le pide que revise una comunicación sobre clientes de la entidad sin ánimo de lucro que quiere enviar y que debe recibir el visto bueno de la hija del rey porque un día después Urdangarin se la reenvía a numerosos contactos en copia oculta, entre ellos, don Juan Carlos y doña Sofía.

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Anticorrupción, de momento, guarda silencio

La Fiscalía Anticorrupción está estudiando esta decisión y lo previsible es que la recurra. Fuentes del ministerio público consultadas por la Cadena SER, aseguran que quieren analizar el resultado de las últimas diligencias de investigación propuestas por el juez sobre la Infanta para ver si son lo suficientemente relevantes para imputarla. Hasta la fecha, el fiscal ha venido sosteniendo que no había indicios delictivos contra ella. En caso de que la fiscalía interponga recurso, la última palabra la tendrá la Audiencia de Palma.