La investigación patrimonial y empresarial de Rato no irá a la Audiencia Nacional

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso del fiscal y ha decidido que el juez de Plaza de Castilla, Antonio Serrano-Artal, debe continuar con la investigación patrimonial y personal de Rodrigo Rato hasta que tenga datos suficientes para decidir qué hacer con el caso.

Según el tribunal, por el momento no es posible asegurar la conexidad de los delitos que se atribuyen a Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional con los que se le imputan en Plaza de Castilla, y tampoco está definida la competencia de este último tribunal.

Todas estas respuestas pueden quedar resueltas conforme se vayan incorporando datos a lo largo de la investigación que debe continuar el juez de Plaza de Castilla, Antonio Serrano Artal.

Este magistrado se inhibió en favor del juez Fernando Andreu, en la Audiencia Nacional, apenas unas horas después de que le tocara el expediente. El tribunal de la sección 23 ve precipitada esta decisión y le ordenan profundizar en el caso hasta que tenga los criterios objetivos necesarios para decidir si sigue él mismo adelante o lo envía a la Audiencia Nacional ante una supuesta conexidad con las causas que allí se investigan : las tarjetas Black o la salida a Bolsa de Bankia.

Fiscalía en contra

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el juez Andreu (AN) se encargara de la causa para evitar crear "un procedimiento inmanejable" (junto con las tarjetas Black y la salida a bolsa de la entidad). Además, la investigación abierta, aunque coincida en el nombre de Rodrigo Rato, no tiene nada que ver, en principio, con lo que se investiga en la Audiencia Nacional: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.

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La nueva denuncia pretende investigar el patrimonio y las empresas del ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Según la fiscal encargada, Elena Lorente, deberían aplicarse en este caso "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias". Por que "es obvio que si en un proceso con multitud de imputados, del tipo que se vienen en llamar macro procesos, introdujéramos, además, los eventuales delitos fiscales u otros cometidos también por los imputados, la instrucción del procedimiento devendría inmanejable y, desde luego, carente de la eficacia que debe tener una investigación judicial".

Otra de las cuestiones por las que la Fiscalía no ve la competencia de la Audiencia Nacional es por la cuantía del presunto dinero defraudado ya que "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional o a una generalidad de personas que son algunos de los requisitos que se exige en la Audiencia Nacional para abrir un expediente.

Los magistrados de las sección 23 sostienen que la decisión del juez de Plaza Castilla fue precipitada y le instan a trabajar sobre la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el entramado empresarial de Rodrigo Rato. Si a lo largo de la investigación el juez Antonio Serrano Artal, comprueba que los hechos que se imputan a Rato, fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, tienen algo que ver con las dos investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional podrá volver a plantear la inhibición a ese tribunal, pero en caso que no exista tal conexidad, deberá asumir la denuncia , investigar con todos los medios de prueba y concluir el sumario.