La UCO tiene orden de investigar a Rato desde mediados de mayo

Madrid

La UCO se enteró a mediados de mayo a que se iba a hacer cargo de la investigación referente a un presunto blanqueo de capitales. A través de una nota el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo comunicó a los medios de comunicación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fue nombrada por el Juzgado de Instrucción como órgano policial para la investigación del blanqueo previa petición formulada por la propia Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción instó a que las investigaciones de la UCO se llevasen a cabo en una pieza separada secreta a fin "de salvaguardar el buen fin de la investigación". Así consta en una nota de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 3 de agosto.

Es decir a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que depende del Ministerio del Interior si que investiga un posible delito de blanqueo por parte del exvicepresidente Rato. De momento se han hecho pocos informe preeliminares porque como adelanto la cadena SER más de tres meses después de los registros el Juzgado no ha enviado prácticamente ningún documento de los incautados por la Agencia Tributaria a la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil aseguran a la SER que se enteraron de la reunión entre el ministro de Interior y Rato a través de la prensa. Aseguran que nunca han recibido ninguna orden por parte del Ministerio del Interior en relación a este caso y que la investigación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y por un Juzgado.

Interior insiste en que las investigaciones no están bajo su tutela

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Fuentes de Interior consultadas por la Cadena SER aseguran que el encuentro se produjo a instancias de Rato y porque las investigaciones no las dirige el Ministerio del Interior. Aseguran que Rato y Jorge Fernández Díaz se vieron con total transparencia, sin ningún tipo de secreto y que por eso la reunión se celebró en el ministerio del Interior.

Interior insiste en que como es público y notorio la situación judicial del exvicepresidente está en manos de la autoridad judicial y de la Fiscalía Anticorrupción además de la Agencia Tributaria que es la que está realizando otras investigaciones.