Los productores y exhibidores minimizan la existencia de fraude en las ayudas
El expresidente de la Academia de Cine, González Macho, asegura que no tiene "ni la más ligera idea de qué se trata" el conocido como presunto fraude del 'taquillazo'
Enrique González Macho, en una imagen tomada en la Seminci 2011. / Rastrojo (Wikimedia Commons)
Madrid
De existir fraude, sería "puntual" y no aplicable a todo el sector, que se pregunta por qué "sale ahora" la noticia de que algunas de las películas que han pedido ayudas para su amortización -hasta 44 desde 2012- lo hicieron aportando datos falsos, unos hechos que investigan varios juzgados de Madrid.
El productor Enrique Cerezo, que participa en Madrid junto a sus colegas Enrique González Macho y Gerardo Herrero en la presentación de la III edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, ha asegurado que lo que "hoy se publica" es la primera noticia que tiene sobre el caso.
"No me han comunicado nada, no tengo ni la más ligera idea de qué se trata. Produzco muchas películas y nunca he tenido ningún problema y no se por qué sale mi nombre en un periódico relacionado con este tema", ha añadido.
El productor, exhibidor y ex presidente de la Academia de Cine Enrique González Macho, ha indicado al respecto que "lo único" que tenía que decir es que Ocho apellidos catalanes había obtenido en el fin de semana de su estreno "cerca de ocho millones de euros de recaudación".
"Sacar esto ahora es una forma de tapar el éxito. Me extraña que salga ahora. Yo no he comprado en mi vida entradas, eso lo se. Es una noticia lamentable", ha subrayado, y ha recordado que alguno de los productores a los que se le negó en 2012 la subvención "puso un contencioso" contra la administración "y lo ha ganado y se lo han pagado con intereses".
Fuentes del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) han explicado que en 2012 se negaron a pagar la ayuda a 12 películas, y que se abrió un contencioso-administrativo que, por el momento, se ha resuelto en dos casos a favor de la productora, en cuatro a favor del ICAA y el resto siguen su tramitación.
"Bastante duro lo tiene el cine español para que le estén dando por todos lados", ha añadido González Macho.
Gerardo Herrero ha afirmado que la noticia "ha tenido que ser filtrada por el Ministerio (de Educación, Cultura y Deporte), por intereses políticos porque posiblemente a algunos votantes del PP les gusta esta medida que va contra el cine español".
"Parece que entramos en una época del todo vale y de puñalada trapera. Pediría que dejen a los tribunales a que dicten sentencia para ver si ha habido comportamientos irregulares", ha agregado.
Un portavoz de Fedicine, que agrupa a las distribuidoras, ha asegurado que este problema "no concierne" a ninguno de sus asociados.
El presidente de la Confederación de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Ramón Colom, ha señalado en una nota que se trata de "casos puntuales" que no deben "extrapolarse" a toda la industria y que no deben pagar 'justos por pecadores'.
Colom recuerda que el sistema de ayudas a la amortización se basa en otro homologado de taquilla, cuyo control corresponde al ICAA en base a una Orden Ministerial de 2011, "que si presenta deficiencias debe revisarse con carácter urgente".
En la nueva ley, apunta, desaparece el pago a posteriori y descarta el sistema de ayudas a la amortización, y se plantea "desde la industria como una herramienta para crear un sistema de ayudas más justo y equitativo".
La Federación de Cines de España (FECE), que agrupa a más del 90 % de salas del país, explica en otro comunicado que ese sector "es uno de los más transparentes" y que está sometido a "rigurosos controles", "debiendo facilitar los datos de espectadores y recaudación por película, día y sesión de forma semanal" a Cultura, bajo la inspección del ICAA.
Las salas, añaden, no reciben ninguna subvención en función de si una película tiene "más o menos espectadores", que venden entradas por diversos canales y que no pueden controlar que quienes las compran "entren o no a la sala o la abandonen a mitad de la película".
"Si alguna empresa ha actuado de forma incorrecta, serán los tribunales quienes tengan que decidir su grado de responsabilidad, pero no por ello se puede poner en duda el comportamiento global de un sector que siempre ha cumplido, y seguirá cumpliendo, con las amplias obligaciones impuestas por el ICAA", añaden.
