Con casi dos horas de retraso, se ha iniciado esta vista oral que se va desarrollar durante las dos próximas semanas. Son 15 los acusados por delitos como atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, contra los derechos fundamentales y lesiones. La Fiscalía solicita entre 2 y 4 años de prisión para esos acusados, cifra que tanto la Generalitat como CiU elevan hasta los 15 años de cárcel. Tal vez por eso la defensa de los acusados ha solicitado la Sala que se declare que esa formación política no tiene legitimidad para ejercer el principio acusatorio porque no participó con esas siglas en las últimas elecciones generales. En la ronda de interrogatorios, la declaración del acusado, Pedro Chaparro, ha sido un ejemplo de pretensión de pasar por ser un defensor de la Constitución de 1978 y en ningún caso una agresión ultraderechista. Chaparro les ha dicho a los magistrados que esa acción no fue premeditada, y que se trató de un acto espontáneo, fruto de la actividad en redes sociales. En todo caso, una llamada para defender la unidad de España. Otro de los acusados les ha dicho a los magistrados que fue una acción por la defensa de la integridad y unidad de España, lo que reconoce la Constitución. En todo caso, no hubo agresiones, aunque ha reconocido que “si tocan mi amor a España, me sale la impulsividad”. En el banquillo se sientan militantes de Democracia Nacional, de Alianza Nacional y de La Falange. Uno de los ultras ha manifestado en sede judicial que «se decidió entrar para hacer un escrache». El fiscal señala, sin embargo, que toda la acción violenta estuvo planificada, que el grupo asaltante se reunió previamente en la madrileña Plaza de Cibeles y que marcharon en formación hacia la librería Blanquerna. Todos los acusados se han negado a ser grabados por las cámaras de televisión. Y lo han hecho no levantando la mano, sino más bien el brazo derecho como si se tratara del saludo romano (en la foto).