Malestar en la Fiscalía por la puesta en libertad de los detenidos

Madrid

Los altos cargos del PP valenciano detenidos en la operación Taula controlaban hasta la compra de material que tenían que hacer las empresas adjudicatarias para ejecutar los proyectos. No sólo obtenían las comisiones millonarias de las adjudicatarias por los contratos públicos que otorgaban a dedo sino que además beneficiaban a empresas amigas del expresidente de la Diputación Valenciana Alfonso Rus.

De nuevo, los testigos que han prestado declaración han vuelto a confirmar cómo operaba Rus con la red del césped. A las empresas que licitaban para modernizar las instalaciones deportivas se les "recomendaba" que, si querían ganar el concurso, tenían que comprar el césped a la empresa Domenech Hermanos, una empresa familiar muy amiga del ahora encarcelado Alfonso Rus. Según fuentes del caso, la empresa se forró literalmente con estos proyectos.

Según los investigadores, este modus operandi se seguía en todos los contratos y los beneficiados siempre eran empresarios amigos del expresidente de la Diputación Valenciana, a quien se considera uno de los cabecillas de esta "organización criminal".

Malestar en la Fiscalía por la puesta en libertad de los detenidos

De momento, el juez ha dejado en libertad a 14 de los detenidos en la operación Taula el pasado martes por el amaño de los contratos, ocho de ellos, con cargos. A cuatro de ellos el juez les impone como medida cautelar el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que tendría que hacer frente en el caso de que fuesen condenados.

El instructor rechazó la petición fiscal para encarcelar a uno de ellos, la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, y esto ha provocado malestar entre los investigadores. Fuentes de la Fiscalía han asegurado a la Cadena SER que no entienden la decisión del juez de no pedir prisión preventiva para los detenidos, como se ha hecho en otros casos.

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Según la Fiscalía, los detenidos del PP forman una "organización criminal" que obtenía comisiones millonarias por amañar contratos, donde algunos de sus miembros blanqueaban dinero y donde incluso alguno de los detenidos podría haber evadido capitales en el extranjero a través de empresas ubicadas fuera de nuestro país.