Anticorrupción pide que Jordi Pujol Ferrusola no pueda salir de España
El fiscal solicita las primeras medidas cautelares contra el primogénito del expresident Pujol. El juez José de la Mata decidirá si retira el pasaporte y prohibe salir del territorio nacional a Jordi Pujol Ferrusola, tal y como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción con la adhesión de la Abogacía General del Estado, después de su declaración como imputado por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental, durante más de dos horas ante el magistrado
Madrid
El hijo mayor del expresident de la Generalitat no ha aportado documento alguno en su declaración como imputado a petición propia ante el juez José de la Mata, para refutar la tesis de los investigadores, que le sitúan como la cabeza visible del entramado familiar, dedicado a la obtención de fondos ilícitos procedentes de contratistas con la Generalitat, que el primogénito repartía entre las cuentas que sus seis hermanos y su madre disponían en Andorra.
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Jordi Pujol Ferrusola ha defendido la tesis de que el dinero de Andorra es producto de la herencia del abuelo Florenci, tal y como aseveró este miércoles su padre. Junior, siempre según su declaración, se dedicó a gestionar el dinero e ingresaba los réditos logrados en las cuentas de sus hermanos. Pero esta versión no cuadra para los investigadores, porque no ha justificado el detalle de las inversiones realizadas con el legado familiar.
Pujol Ferrusola también ha negado el cobro de comisiones a contratistas con la Generalitat, a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell. No ha sido preguntado al respecto por el juez ni por el fiscal Anticorrupción. La respuesta es sencilla, según fuentes jurídicas: la declaración de Junior era a petición propia, y al no presentar documento alguno que rebatiese la tesis del cobro ilegal, esas explicaciones carecían de sentido.
Jordi Pujol Ferrusola también ha negado que los pagos por más de 20 millones de euros efectuados por empresas constructoras y de servicios que trabajaban con la Generalitat, se produjesen por servicios no prestados. No existe evidencia documental alguna de esos trabajos, por los que empresas como FCC le abonaron más de 650.000 euros, pero el primogénito sostiene que el trabajo se realizó por medio de contratos verbales con estas sociedades que confiaban en su labor de mediación internacional.
