La exposición razonada de Barberá apunta al desvío de dinero público en el Ayuntamiento de Valencia

Madrid

El juez, Víctor Gómez, explica que el caso Imelsa nace después de que el exgerente de esta empresa pública, Marcos Benavent, grabara conversaciones con “otras personas investigadas” que reflejan “irregularidades en la contratación pública de la concejalía de cultura y de la Diputación de Valencia a través de Imelsa y Ciegsa, dependiente de la Generalitat Valenciana”. Los delitos que se investigan son malversación, fraude a la administración, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

Dice el juez que se aprecian “conductas concertadas para destinar ilícitamente dinero público a fines ajenos a los de la Administración y la presunta percepción de comisiones entregadas por parte de empresas adjudicatarias siendo el hilo conductor el recaudador Marcos Benavent”. Las pesquisas han revelado que en la cuenta del grupo municipal del PP en Valencia se han producido ingresos opacos, supuestamente dinero blanqueado, por importe superior a los 200.000 euros desde el año 2001 y que las mayores remesas de dinero llegan de forma fraccionada en fechas próximas a las campañas electorales. Ingresos que se anotaban como “C GP”y “CyA”.

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Pitufeo

El pitufeo, el ingreso entre el 23 de marzo y el 16 de abril del año pasado de 1.000 euros por parte de 50 asesores y concejales que les fue devuelto en billetes de 500 euros, ocupa buena parte de los seis folios de la exposición razonada. Recuerda el juez que las personas autorizadas en esa cuenta en ese periodo eran las exsecretarias del grupo municipal, María del Carmen García Fuster y María José Pi y el exvicealcalde, Alfonso Grau. Añade que en 10 casos y en fechas inmediatas se produce un ingreso en la cuenta de los donantes idéntico o similar al de 1.000 euros y que el primer día que se ordenó la intervención telefónica a María José Alcón, exconcejal de cultura, le confesó esta práctica a su hijo “con plena conciencia del procedimiento de blanqueo y referencias genéricas a la corrupción en el seno del partido”. Cuatro testigos que se negaron a hacer la donación de mil euros, dos investigados y un anónimo remitido a la fiscalía anticorrupción han corroborado que se trataba de buscar “el afloramiento de un dinero en efectivo en poder del partido”.

Uno de los 50 donantes fue Rita Barberá y por eso el juez Gómez remite esta exposición razonada al Tribunal Supremo. La exalcaldesa de Valencia ha negado su implicación, escribe el juez. Ella “reconoce la aportación pero niega cualquier reintegro”. Además, “se desvincula de las decisiones para la campaña electoral que atribuye al comité de campaña y cuestiona la declaración de los testigos de cargo y la conversación intervenida a Alcón”. Barberá relaciona su implicación con el "distanciamiento" que tuvo con Alfonso Grau después de su procesamiento en el Caso Nóos. Con estas explicaciones, insiste la exposición razonada, “resultaría incoherente llamar a los donantes como investigados y no a la senadora aforada”. Más aún si se tiene en cuenta que ostentaba “una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, García Fuster, existiendo además una relación personal de estrecha confianza” entre ambas.