El 'caso Nóos', visto para sentencia

Palma de Mallorca

Diecisiete acusados, más de 300 interrogatorios, entre peritos y testigos, y más de 60 sesiones después el juicio por el caso Nóos ha quedado este miércoles visto para sentencia. La sentencia, de la que será ponente la presidenta del tribunal Samantha Romero, debe determinar si Diego Torres e Iñaki Urdangarin desviaron casi 4,5 millones de euros de los gobiernos de Baleares y Valencia a empresas de su propiedad. Ninguno de los acusados ha usado su derecho de ultima palabra.

El fiscal solicita 19 años y medio de prisión para Urdangarin y 16 años y medio para Torres. Los cincos acusados de la rama valenciana del fraude han asumido la corrupción. Los subordinados del expresident Jaume Matas, se enfrentan a penas de dos años, sustituibles por multa. Matas a una pena de cinco años. El Ministerio Público pide, además, penas de entre 6 y 8 años, para los cuatro acusados de los contratos con Nóos en Valencia y cinco años y tres meses para la delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.

La acusación popular del PSPV mantiene la petición de 11 años de reclusión para el exalcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el pseudosindicato Manos Limpias la de 8 años de cárcel para Cristina de Borbón como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se le atribuyen a Iñaki Urdangarin.

El informe de la infanta

Previamente, Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, ha cerrado el capítulo de informes y ha pedido la libre absolución de su cliente y "restablezca la Justicia que debe ser igual para todos con independencia de su condición". Dice Molins que Iñaki Urdangarin tenía "el domino absoluto de Aizoon que no era una sociedad pantalla porque se dedicaba a la actividad inmobiliaria", tal y como figura en su objeto social. Cristina de Borbón, "estaba al margen de la sociedad, no sabía nada de cuestiones fiscales ni de ingresos y gastos por la plena confianza que tenía en su marido".

Molins ha citado a Einstein para lamentar "que sea más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio" y ha subrayado que su cliente no era "remotamente consciente" de que su marido cometiera delito fiscal "o que ella lo favoreciera con su comportamiento". Es más, concluía, ella ha ofrecido "un relato fáctico alternativo al de la acusación popular y coherente avalado por la prueba practicada en juicio". El pseudosindicato Manos Limpias, investigado por extorsión en la Audiencia Nacional, pide para ella 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se le atribuyen a Iñaki Urdangarin.

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