Fátima Báñez, primera en comparecer para que el Parlamento reforme las pensiones

Madrid

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la que tiene encomendada supervisar y acordar cambios en el sistema de pensiones, inicia este martes los trabajos de la que puede ser la tercera gran reforma de la Seguridad Social desde 2011. Para empezar, ha convocado a los principales agentes políticos y sociales, comenzando con la ministra de Empleo, de la que no se esperan grandes novedades.

Fuentes del gobierno y de los agentes sociales esperan una intervención de Fátima Báñez sobre dos patas fundamentales: una, el compromiso con el mantenimiento del sistema de pensiones (una llamada a la tranquilidad, a la fortaleza del sistema, y a reafirmar que seguirá siendo un sistema público y de reparto, en el que los trabajadores actuales pagan con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados que generaron su derecho en su etapa activa); y la otra, la insistencia en el diálogo, en que las reformas se harán con el concurso de todos los grupos políticos y con sindicatos y patronal.

No se espera que vaya más allá por dos motivos: primero, el jueves tiene Rajoy su primera gran cita con los líderes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, y no querría robar protagonismo a ningún anuncio que tenga preparado el presidente, y segundo, porque el Gobierno quiere que los partidos se mojen en la reforma, que propongan medidas para mantener el sistema que necesariamente implican medidas impopulares: aumentar ingresos o recortar gastos. Sería imprudente por parte del gobierno convertirse ya en el primer actor que lanza propuestas arriesgadas políticamente, así que el diálogo en este caso servirá de cobertura para que todos se impliquen.

Camino de la tercera reforma

Quizá lo más llamativo de todo es que se está preparando la tercera gran reforma del sistema de pensiones de los últimos años sin que ninguna de las otras dos, ni la del 2011 ni la del 2013 han desplegado del todo sus efectos. La primera, la realizada durante el Gobierno de Zapatero, tenía como principal medida subir la edad de jubilación estándar de 65 años a 67, una subida que se completará en 2027. El aumento se está haciendo gradualmente: en 2017, por ejemplo, la edad de jubilación será de 65 años y 5 meses.

La reforma de 2013 tiene dos medidas clave: la de que la subida de las pensiones ya no se hace en función del comportamiento de los precios, sino por una fórmula matemática que tiene en cuenta la marcha de la economía y del sistema de pensiones, y que en los años malos (todos desde que se aprobó esa reforma) sólo autoriza a subir las pensiones un mínimo: un 0,25%. Pero la otra gran pata de la reforma, el llamado “factor de sostenibilidad”, entrará en vigor en 2019, y lo que hará será recalcular la pensión en función de la esperanza de vida: a más esperanza de vida, menos pensión inicial. Esto afectará sólo a los que entren en el sistema a partir de ese año, a partir de 2019; los pensionistas actuales mantendrán igual su pensión.

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Como se ve, ambas, aunque importantes, tienen como elemento común el ser graduales y en no afectar a los pensionistas que ya están en el sistema, a los que ya están cobrando la pensión; esto hace que sus efectos sean a largo plazo, mientras que el déficit del sistema, debido a la crisis, lejos de menguar desde que comenzó a producirse en 2011, ha ido a más, y se situará en este año en torno a los 18.000 millones.

Propuestas sobre la mesa

Los partidos han hecho distintas propuestas en los últimos meses, en las campañas, pero tendrán que retratarse ahora, más allá de los programas. Las dos propuestas de más alcance que hay sobre la mesa son financiar parte del sistema con un impuesto finalista, dedicado a sostener las pensiones, a la imagen de la Contribución Social Generalizada francesa, una propuesta que puso sobre la mesa el PSOE, y la posibilidad de financiar las prestaciones de viudedad y orfandad (unos 20.000 millones de los 130.000 millones que cuestan las pensiones) con los Presupuestos Generales del Estado, algo que el PP no ve con malos ojos.

Hay otras recetas sobre la mesa: destopar las bases de cotización, que están limitadas por arriba, para que los que más ganan aporten más, y a la vez subir la pensión máxima pero no tanto; tocar la cotización de los autónomos para que se ajusten más a lo que en realidad ganan; hacer cotizar, aunque sea poco, a colectivos ahora exentos, como ciertos becarios; eliminar las bonificaciones a la contratación que se basan en ‘perdonar’ a los empresarios los pagos a la Seguridad Social, o que los gastos de administración de la Seguridad Social no se paguen con cotizaciones. Comisiones Obreras ha cuantificado el impacto de estas medidas, que de aplicarse en su totalidad allegarían recursos al sistema por valor de 40.000 millones.

Hasta aquí, las palabras y los cálculos; en cuanto a las acciones, todos los grupos políticos salvo PP y Ciudadanos apoyaron hace un mes el registro de una proposición de ley de los sindicatos para que las pensiones no suban el año que viene ese 0,25% que dice la ley de 2013, sino un 1,2%, algo que beneficiaría a los pensionistas pero que habría que financiar para no aumentar aún más el agujero del sistema. Por otro lado, el PP parece convencido de la utilidad de las medidas que hacen que los trabajadores prolonguen su vida laboral, y para ello han propuesto que las personas con carreras largas puedan compatibilizar salario y pensión al 100% (ahora sólo se puede al 50%), una medida que no está claro cómo acabaría de beneficiar al sistema, generándole ahorros.

Reformas en todos los países

De los 34 países de la OCDE, la mitad ha hecho reformas en su sistema de pensiones en los últimos tres años, pero es difícil encontrar alguna que no haya hecho España, el alumno aventajado de la organización las reformas de alcance. Muchos, como España, han elevado la edad de jubilación (Bélgica, Irlanda, Alemania, Holanda, Reino Unido, por ejemplo), hasta el punto de que la OCDE proclama en su último informe de referencia sobre las pensiones: “los 67 son los nuevos 65”, en referencia a la edad estándar de jubilación. Otros han recortado las posibilidades de jubilación anticipada, como también ha hecho España.

Algunos, de nuevo como nuestro país, han corregido la indexación de las pensiones a la inflación, para que suban menos que los precios, y otros (y esto no lo ha hecho España) han aumentado impuestos y cotizaciones: Francia, por ejemplo, dispuso una subida de cotizaciones de tres décimas para el año que viene, y en Finlandia desde 2013 los pensionistas que ganan más de 45.000 euros año pagan un impuesto adicional del 6%.