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La Audiencia de Ceuta reabre la investigación por las muertes del Tarajal

15 meses después de que el juzgado de instrucción la archivara, el órgano provincial considera que se tienen que agotar las diligencias demandadas por las ONG

Imágenes de aquel 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta /

"Es claro que la investigación no ha alcanzado por diversos motivos los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles", así argumentan su decisión de reabrir la investigación del Tarajal los TRES magistrados que firman el auto de la audiencia provincial de Ceuta. En el escrito de 37 páginas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Audiencia concluye que "la única opción que tiene este tribunal pasa por revocar sin más, como se instó, lo sobreseimientos dispuestos en el auto recurrido, continuando la causa como diligencias previas”. El auto responde al recurso que interpusieron 3 ONG contra el archivo de la investigación que había decretado el juzgo de instrucción número 6 de Ceuta en octubre del 2015.

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La sección sexta de la Audiencia Provincial argumenta además que "por el calado humano del caso no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias", según el auto adelantado por El Español.

Se reabre así la investigación por la tragedia del Tarajal en la que fallecieron 15 personas en el intento de entrada a Ceuta a través de la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014 mientras agentes de la Guardia Civil usaban material antidisturbios desde el espigón de la frontera.

Las tres ONG que presentaron el recurso, Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Observatorio de Drets HUmans (DESC) exigían la reapertura del caso porque consideraban que no se habían agotado diligencias que consideran fundamentales y que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta había pasado por alto, como avala ahora la Audiencia Provincial de Ceuta. Las ONG señalaban en su recurso que la jueza de instrucción no había llevado a cabo todas las diligencias oportunas antes de pronunciarse sobre los hechos.

La primera, que no se podía cerrar este caso sin esperar a que se revisen las autopsias practicadas a los nueve cadáveres que aparecieron en aguas marroquíes, y que la propia jueza había demandado a Marruecos a través de una comisión rogatoria. Otro aspecto que exigían en el recurso las ONG es la identificación de los cinco cadáveres que se hallan enterrados en España, diligencia de investigación que fue acordada mediante providencia de fecha 4 de Febrero de 2015, y que todavía no se ha verificado. E igualmente consideran necesario recabar el testimonio de los supervivientes de la tragedia, que fueron expulsados ilegalmente a Marruecos 23 de ellos con imágenes que lo demuestran.

La Audiencia ha hecho caso a estas peticiones y obliga al juzgado ceutí a reabrir de nuevo la investigación. Habla literalmente de “cierta incoherencia procesal” y cuestiona desde aspectos sobre la calidad de las autopsias practicadas a los 5 cuerpos que aparecieron en Ceuta, de las que dice que “no existe forma de reparar el daño que se hubiera podido ocasionar en la instrucción por su posible mala praxis”, hasta plantear la necesidad de revisar aspectos como la proporcionalidad de los agentes de la Guardia Civil en su respuesta a la entrada de este grupo de personas a primera hora de aquel 6 de febrero.

 

La Audiencia considera que sería necesario, como plantean las ONG, “obtener toda la información que podían ofrecer quienes, ajenos a las autoridades españolas, fueran testigos directos de lo ocurrido en la frontera de El Tarajal.” También se señala en el Auto que “la instructora podrá replantearse en cualquier caso la necesidad de agotar otras fuentes de indagación no contempladas hasta ahora”.

Por todo ello se concluye que “la única opción que tiene este tribunal pasa por revocar sin más, como se instó, los sobreseimientos dispuestos en el auto recurrido, continuando la causa como diligencias previas” señala el auto de la audiencia ceutí.

 

CEAR Y COORDINADORA DE BARRIOS celebran la reapertura del caso: “Llevamos 35 meses esperando justicia para las víctimas del Tarajal”

La tragedia del Tarajal ha sido uno de los episodios más graves que hayan acontecido en la frontera sur española con presencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde el inicio las ONG especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados han exigido justicia para las víctimas.

“Celebramos que por fin se esté haciendo justicia por los 15 fallecidos del Tarajal. Que se haya reabierto el caso es una gran victoria judicial, es una muestra de que las prácticas irregulares que se están llevando a cabo en la frontera sur tendrán finalmente una respuesta en los tribunales. Desde Cear tenemos la esperanza de que si el Gobierno no rectifica estas prácticas serán los tribunales quienes dicten sentencia y hagan justicia, esa es la garantía de contar con un estado de derecho. Tras esta reapertura del caso el juzgado de instrucción de Ceuta tiene que abrir la investigación y esperamos que a raíz de las nuevas diligencias que puedan producirse se decrete la apertura del juicio oral”, afirma Estrella Galán, la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

“Expresamos nuestra satisfacción por la resolución de la Audiencia provincial de Ceuta. Nos parece importante que se extenúen todos los esfuerzos para averiguar qué es lo que realmente aconteció el 6 de febrero de 2014 y para reparar a las víctimas. Esta resolución permite seguir investigando, nos impone el deber ético moral y jurídico de identificar los cuerpos, de recuperar también las autopsias de los cuerpos que yacen en Marruecos y sobre todo de recabar el testimonio de los supervivientes. Llevamos ya 35 meses esperando justicia para el caso del Tarajal, desde la sociedad civil no vamos a cejar en nuestro empeño de encontrar justicia y reparación para las víctimas” así ha valorado el auto Patricia Fernández, letrada de Coordinadora de Barrios, otra de las entidades que presentó recurso contra el archivo.

35 meses después, los familiares de los muertos siguen reclamando justicia desde Camerún o Senegal.

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