El juzgado de Ceuta, obligado a identificar a todos los Guardias Civiles de la tragedia del Tarajal

Casi 5 meses después se produce el primer avance en la investigación judicial de la muerte de los 15 inmigrantes que fallecieron el pasado 6 de febrero en la playa del Tarajal, en Ceuta. La Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido un auto en el que obliga al juzgado ceutí encargado de la investigación a que tome declaración a 2 testigos que podrían ser clave. El Auto emitido por el órgano provincial , se produce a raíz del recurso de apelación que había presentado la ONG Coordinadora de Barrios contra el juzgado número 6 de Ceuta que se había negado no sólo a tomar declaración a estas dos testigos sino también a practicar pruebas que ahora sí tendrá que realizar como identificar a cada Guardia Civil que participó en el polémico operativo , desde los que lanzaron las pelotas de goma y gases lacrimógenos hasta los que estaban en las patrulleras. Patricia Fernández, abogada de la ONG valora positivamente la resolución de la Audiencia de Cádiz por impulsar la investigación y reconocer la gravedad de los hechos.

Han tenido que pasar 5 meses y que la Audiencia Provincial de Cádiz haya enmendado la plana al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que investiga la tragedia del Tarajal para que se empiecen a dar los primeros avances en la investigación. El juzgado ceutí se ve obligado ahora por la Audiencia Provincial a practicar una serie de pruebas que se había negado a solicitar para aclarar las posibles responsabilidades penales de la muerte de los 15 jóvenes africanos que murieron ahogados en la playa del Tarajal el pasado 6 de febrero.

El auto de la Audiencia Provincial de Cádiz( la sección sexta tiene a su cargo los juzgados de Ceuta), al que ha tenido acceso la Cadena SER, estima el recurso que había interpuesto la ONG Coordinadora de Barrios contra el juzgado ceutí por negarse a practicar pruebas "determinantes" para aclarar lo sucedido la mañana de la tragedia. Notificado el pasado 24 de junio, el auto obliga ahora a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta a que requiera a la Comandancia de la Guardia Civil nuevos informes entre los que destacan la exigencia de "identificación de los agentes participantes en las operaciones del 6 de febrero, incluyendo los GRS(antidisturbios que lanzaron las pelotas de goma y los botes de humo),GEAS( submarinistas) y todos los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil". Es decir, casi 5 meses después, el juzgado ceutí ni siquiera había solicitado la identificación de los agentes que participaron en el polémico operativo que causó la mayor tragedia de la inmigración en las costas de Ceuta.

El juzgado de la Ciudad Autónoma se ve obligado además por el auto de la Audiencia Provincial a exigir a la Guardia Civil un "inventario del material entregado específicamente para el desarrollo de las operaciones del 6 de febrero" , es decir, del material antidisturbios, pelotas de goma, etc. El juzgado tendrá que requerir además la Comandancia un inventario de las embarcaciones que participaron en el operativo y " los registros de la travesía que debieron ser registrados". Además se pedirá a la Guardia Civil un registro detallado de las posiciones GPS de las embarcaciones (para saber en qué aguas actuaron, si en las españolas o las marroquíes, entre otras cosas), "los sonidos del puente, registro de comunicaciones, datos del radar, órdenes al timón y su reacción, alarmas principales, equipos de salvamento disponibles".

La Audiencia Provincial obliga además a la jueza ceutí a tomar declaración a 2 testigos que han estado en contacto con los supervivientes. Se trata de la médico que visitó a los heridos que habían sido expulsados a Marruecos y que realizó los informes que avalaban las cicatrices y secuelas que les produjeron el lanzamiento de pelotas de goma por parte de los Guardias Civiles apostados en el espigón de la playa del Tarajal. Unos informes médicos que se incorporan ahora a la causa. Además la jueza tomará declaración a una cooperante que documentó la versión de los hechos de los supervivientes y que les prestó asistencia desde horas después de ser expulsados, dice el auto "en concreto sobre la detención de las personas heridas y la identificación de las personas fallecidas en el dispositivo policial".

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"Hasta la fecha lo único que teníamos eran las autopsias realizadas en territorio español, todavía no hemos conseguido identificar a estas personas, habíamos pedido al juzgado que coteje con fotografías de los desaparecidos con esos cadáveres hallados pero nos denegaron esa prueba, por lo tanto este auto de la Audiencia Provincial es el primer paso, es decir, estamos empezando una investigación de unos hemos que ocurrieron hace casi 5 meses" denuncia Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios que valora positivamente la resolución de la Audiencia de Cádiz por impulsar la investigación y reconocer la gravedad de los hechos.

Esta organización no gubernamental critica que la Fiscalía siga oponiéndose a estas pruebas y que no se interese en investigar los hechos a pesar de su gravedad según Fernández.

La letrada vuelve a denunciar que al haber expulsado a los supervivientes a Marruecos se dificulta la investigación al no poderles llamar como testigos.