Primera querella contra las "torturas y ejecuciones masivas" del Estado sirio

Madrid

El equipo jurídico de G37 Despacho Internacional ha presentado este miércoles una querella en la Audiencia Nacional contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia militar sirias por la comisión de un delito de terrorismo de Estado.

La querellante es una víctima indirecta de nacionalidad española, hermana de un ciudadano sirio que supuestamente fue detenido de forma ilegal en 2013, torturado y ejecutado.

G37 Despacho Internacional considera que España es competente para investigar este crimen porque de acuerdo a las resoluciones 40/34 y 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la Directiva 2012/29 del Consejo y Parlamento europeo, y a la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito española, la hermana española del sirio asesinado debe ser considerada víctima de los hechos. Si es atendido este supuesto, que no tiene precedentes en la justicia española, el caso tendría encaje en la jurisdicción universal y podría ser investigado en este país.

El fallecido era un transportista de 42 años, casado y con tres hijos, que fue detenido y trasladado a un centro de detención ilegal de Damasco mientras cubría su ruta de reparto diaria entre su municipio de residencia y Homs. En su furgoneta solo llevaba frutos secos y otros comestibles, según la familia, que jamás volvió a saber de él hasta que identificó su cadáver torturado al acceder al archivo César: un registro con alrededor de 50.000 fotografías de más de 6.000 víctimas de estos centros de detención ilegal, que un policía militar conocido por este alias logró sacar del país tras desertar, y que está siendo utilizado para buscar a los desaparecidos.

Los redactores del texto de 82 páginas, al que ha tenido acceso la SER, relatan que desde el comienzo de la Primavera Árabe en 2011, el Gobierno y las fuerzas de seguridad del presidente sirio, Bashar Al-Asad, diseñaron un plan para reprimir y acallar las manifestaciones pacíficas de los disidentes, mediante el uso indiscriminado de la violencia.

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Los sospechosos llevaron a cabo "detenciones arbitrarias", "desapariciones forzadas", "torturas y ejecuciones masivas de civiles" en varios centros de detención ilegal distribuidos por Siria.

Allí, los civiles prisioneros son "hacinados en condiciones infrahumanas", sometidos a la “inanición” y a “más de 20 técnicas de tortura” diferentes, incluida la “violencia sexual”. También son” privados de agua potable” y tienen que estar “de pie en el interior de las celdas”, haciendo sus necesidades fisiológicas “en el mismo espacio donde habitan y duermen”. Hasta encima de otros prisioneros. Los detenidos tampoco pueden lavarse durante meses, lo que lleva a la” proliferación de sarna, erupciones cutáneas y piojos”, y a la propagación de enfermedades. El resultado final, a causa de las condiciones antihigiénicas, las torturas y palizas o las ejecuciones, es casi siempre la muerte, según los querellantes.

Desde que el Gobierno de Al-Asad inició este plan en 2011, han desaparecido en Siria más de 117.000 personas según la querella. Las detenciones ilegales son una parte del plan del Estado, que también ha asediado los principales centros urbanos y ha bombardeado de forma indiscriminada las áreas controladas por los disidentes. Todo ello ha provocado un conflicto interno que ya cuenta con más de 450.000 muertos, y en el que más de 11 millones de sirios, la mitad de la población del país, se han visto obligados a abandonar sus hogares como refugiados o a desplazarse a otros lugares por el interior de su territorio nacional.

Los centros de detención ilegal en Siria están coordinados por cuatro agencias de seguridad, que a su vez dependen del Bureau de Seguridad Nacional. Esta oficina recibe las órdenes de la Célula Central de Gestión de Crisis, compuesta por altos oficiales políticos y de seguridad del Estado.