El Constitucional anula la celebración de un referéndum en 2017 y abre una nueva vía penal contra Forcadell

Madrid

El tribunal de Garantías anula, en la misma resolución, todos los acuerdos adoptados por el pleno del Parlament de octubre de 2016 entre ellas, la que instaba al Gobierno a celebrar un referéndum antes de septiembre de 2017 con o sin el aval del Estado. Y además, los apartados de los capítulos titulados Referéndum y Proceso Constituyente que se incluyeron en el Título I sobre El futuro político de Cataluña de aquella resolución.

El Tribunal Constitucional responde así a la petición del abogado del Estado que presentó un “incidente de ejecución” contra las iniciativas independentistas del Parlament, por lo que la resolución sobre el referéndum quedó suspendida cautelarmente.

El auto del Constitucional no sólo señala a Forcadell (que ya está siendo investigada por haber permitido en julio la votación en pleno de unas conclusiones sobre el proceso constituyente catalán, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia) sino que implica además a otros miembros de la mesa del Parlament: el vicepresidente primero, Lluis Corominas (Junts pel Sí), Anna Simó (Junts pel Sí) y Ramona Barrufet (Junts pel Sí) así como Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot), que aceptaron incluir en el orden del día del pleno del pasado 6 de octubre el debate y votación de la resolución sobre el referéndum y dejaron en minoría a los otros dos miembros de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) y David Pérez (PSC).

En manos del fiscal

A todos ellos, el Constitucional les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Los magistrados no afirman que Forcadell cometiera un delito sino que deja el examen de los hechos y su definición jurídica en manos de la Fiscalía. Por lo que será, el Fiscal General del Estado quien decida si la presidenta del Parlament y los miembros de la mesa pudieron cometer algún delito y presentar la correspondiente querella criminal por desobediencia.

Diálogo político

La resolución del alto tribunal, no solo contempla esta medida que deja el camino libre a la Fiscalía para ejercitar una acción penal, sino que además recuerdan que las soluciones al este “desafío” pasan por el diálogo político.

Fuentes de la Institución, reconocen que el auto incluirá un repaso a su doctrina sobre el proceso independentista durante estos últimos cuatro años y profundiza sobre la legitimidad de las ideas políticas con la necesidad de establecer unos límites y acatamiento a la Constitución.