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Tribunales | Actualidad

"Fue ni más ni menos que un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de derecho"

El Fiscal hace definitiva la petición de nueve años de inhabilitación para Francesc Homs por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "Estamos enjuiciando a quien como gestores políticos se conciertan para eregir su propia voluntad"

El Fiscal Jaime Moreno durante su alegato final en el juicio contra Homs / Alberto Pozas

Madrid

El Fiscal Jaime Moreno, representante del Ministerio Público en el juicio contra Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N de 2014, ha hecho definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para el diputado del PdeCat: ha asegurado que la consulta "no fue nada más ni nada menos que un desafío a la legalidad, un pulso al estado de derecho por parte del gobierno de una comunidad que decidió que desoía el mandato del Tribunal Constitucional".

"La actuación realizada ha sido abusiva, arbitraria, consciente y a espaldas del Tribunal Constitucional", ha concluido el Fiscal al final de su alegato.

El representante de la Fiscalía está dedicando su turno de última palabra a contradecir los argumentos con los que Francesc Homs se ha defendido a lo largo de estos tres días de juicio: alegando que el Constitucional no fue lo bastante claro a la hora de prohibir la consulta y sus preparativos, algo que repitió ayer el expresident Artur Mas en su testifical. El Constitucional les dijo que "no hagan, esperen", y ellos "siguieron a sabiendas", destacando que la notificación de la providencia fue "clara".

El Fiscal ha asegurado que tanto Homs como el resto de miembros del govern que encabezaba Artur Mas conocían perfectamente el contenido de la prohibición del Tribunal Constitucional y "pese a ello se decide no desconvocar la convocatoria y realizar actos de impulso y continuar con la misma hasta que se celebra". "Lo que había que suspender era la convocatoria", ha dicho el Fiscal. "No había duda de que a esa fecha estaban formalizadas otras actuaciones que había que suspender, no se suspendieron, y dependían del departamento del señor Homs", ha especificado.

Eva Labarta, abogada de Homs, durante su alegato final

Eva Labarta, abogada de Homs, durante su alegato final / Alberto Pozas

Moreno ha asegurado que Homs incurrió en delitos de prevaricación y desobediencia. En cuanto al primer delito, ha asegurado que el entonces consejero de Presidencia de la Generalitat y el resto de miembros del ejecutivo regional se concertaron para no hacer caso al Constitucional: "Hubo un acuerdo entre todos para no parar", ha dicho, añadiendo que "la prevaricación más fácil es en la que no hay competencia". 

"¿Podemos de verdad decir que las decisiones del Constituconal tienen un efecto declarativo?", ha preguntado el Fiscal para defender que Homs también cometió un delito de desobediencia.

"Hago lo que deseo"

Para el Fiscal, el razonamiento fue :"Hago lo que deseo aunque sepa que carezco de competencias", ha señalado, recordando que "el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, la democracia es la sumisión de todos los poderes públicos a la Ley".

Ha añadido el Fiscal que "no estamos enjuiciando a los voluntarios, estamos enjuiciando a quien como gestores políticos se conciertan para eregir su propia voluntad" por encima del Constitucional "para hacer la propia voluntad", añadiendo que "decir que quedaba todo en manos de voluntarios sencillamente no se sostiene por sí solo".

"Había que cortar como fuera"

La abogada de Francesc Homs ha comenzado su alegato final asegurando que este "es un juicio que a nadie deja indiferente, suscita pasiones controvertidas, pasiones, sentimientos, tiene connotaciones especiales". "Si no suscitara tantas pasiones a lo mejor ni siquiera hubiéramos tenido juicio", ha añadido.

Sala del Tribunal Supremo desde la que la prensa sigue el juicio contra Francesc Homs

Sala del Tribunal Supremo desde la que la prensa sigue el juicio contra Francesc Homs / Alberto Pozas

Eva Labarta, la representante legal de Francesc Homs, también ha recordado que los municipios catalanes preguntaron a sus ciudadanos sobre la independencia y "durante dos años iban consultando y jamás hubo el menor problema, jamás intervino ninguna autoridad", añadiendo que "la Constitución también protege a quien no está de acuerdo con ella". "Aquí el problema fue que la ciudadanía de Cataluña se volcó y había que cortar como fuera", ha añadido.

 
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