El Supremo estudiará si suspende más de 6.000 vuelos al año que pasan sobre una urbanización cercana a Barajas

Madrid

El Tribunal Supremo tiene previsto estudiar si ordena suspender el 30% de los vuelos del aeropuerto de Barajas que sobrevuelan la urbanización madrileña de Santo Domingo, un fallo que enfrenta la posible pérdida de decenas de miles de empleos, según Aena, con los derechos de los vecinos denunciantes.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo deliberará, concretamente, si el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba a suspender el 30% de los vuelos sobre la urbanización Santo Domingo debe permanecer suspendido.

El Supremo podría decidir que esa medida, la de suspender más de 6.000 vuelos al año, debe ejecutarse en cumplimiento de una sentencia anterior del alto tribunal que le dio la razón a los vecinos denunciantes.

Sea cual sea su sentido, el fallo debería poner punto final a un conflicto que dura ya más de una década, el que gira en torno a la ruidosa pista 18R/36L de Barajas.

Aena, que cotiza en bolsa desde febrero de 2015 y mantiene un 51% en manos públicas, explicó en un reciente informe que el fallo afectará a decenas de miles de puestos de trabajo, a la operatividad del aeropuerto e incluso a la imagen internacional de España.

Así, Aena calcula que si se suspendiera ese 30% de vuelos se generaría una posible disminución acumulada de pasajeros hasta 2030 de 70 millones y la pérdida de unos 14.000 empleos en la región madrileña, que alcanzarían los 42.000 en toda España.

Aena advierte de que reducir el tráfico en una de las pistas del Adolfo Suárez-Madrid Barajas para eliminar el ruido en la urbanización cercana supondría también "una pérdida muy importante" de su capacidad operativa", lo cual a su vez implicaría importantes retrasos en todo el aeropuerto.

Con ese informe la compañía salió al paso de la decisión de un juez madrileño de citar como investigados al presidente de Aena, José Manuel Vargas, y a su antecesor, Juan Ignacio Lema, por delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.

El juez admitió a trámite una querella criminal presentada por los vecinos de Ciudad Santo Domingo por incumplimiento de la sentencia del Supremo que les dio la razón a los denunciantes.

El Supremo dictaminó en 2008 que la citada pista vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria de los vecinos por el ruido que provocan los aviones que sobrevuelan la Ciudad Santo Domingo.

En 2013, el mismo tribunal aceptó el recurso de varios vecinos de la citada localidad de Algete (Madrid) y ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligara al aeropuerto de Barajas a reducir el ruido que estos ciudadanos soportan como consecuencia de los vuelos de aviones.

En cumplimiento de aquella sentencia, en diciembre de 2014 el alto tribunal madrileño dictó un auto en el que acordaba como medida de ejecución del fallo del Supremo "una reducción del número de sobrevuelos de la urbanización Ciudad Santo Domingo del 30 %, calculado sobre el numero de sobrevuelos existente en 2004, que ascendió a 20.730".

La referencia a 2004 obedece a que ese fue el año en que se originó un pleito que no tuvo con el auto del tribunal madrileño un punto final, porque muy poco más tarde de adoptar aquella decisión el TSJM dejó la última palabra en manos del Supremo al "suspender la ejecutividad de nuestro auto" en tanto no se tramitan los recursos contra el mismo.

Aunque la suspensión adoptada por el TSJM es tan poco habitual que ha sido recurrida, lo importante de lo que sucederá mañana es que una sección de la Sala Tercera del Supremo estudiará el fondo del asunto: si deben o no suspenderse los vuelos sobre la citada urbanización.