A juicio los pelotazos urbanísticos en Barcelona del 'caso Pretoria'

Madrid

El fiscal pide una pena de seis años y diez meses de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales para el exconseller de Economía desde 1990 hasta 1997 Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990 Lluís Prenafeta. También contra los exdiputados del PSC Bartolomé Muñoz o Luis Andrés García. El ministerio público reclama también en su escrito de calificación multas que suman 13.7 millones de euros para Prenafeta, 10.3 millones, para Alavedra y 4.1 millones para Muñoz.

En el 'caso Pretoria' se investigan, entre otros hechos, tres grandes pelotazos urbanísticos con suelos públicos en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Los jueces trataran de esclarecer si los procesados encubrieron el cobro de presuntas comisiones a cambio de operaciones urbanísticas y se lucraron supuestamente con las ventas de solares públicos.

Dos prohombres del 'pujolismo', Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, fueron señalados como receptores de presuntas comisiones millonarias ilegales que enmascararon a Hacienda, a cambio de precipitar la revalorización de sendos solares públicos en Badalona y Llavaneres que adquirieron a través de sociedades y luego revendieron por un precio superior.

El fiscal sostiene que ambos mantenían "una estrecha relación personal" con el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que ambos "sabedores de la facilidad con la que se movía otro de los acusados, Luis Andrés García, 'Luigi' en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña", se concertaron con él para influir en los tiempos del desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de terrenos, recibiendo a cambio comisiones millonarias.

Con la colaboración de sus respectivas esposas, habrían empleado una red de sociedades opacas y cuentas corrientes radicadas en paraísos fiscales para ocultar los cobros a Hacienda. En ésas y otras aparentes intermediaciones, Alavedra ingresó presuntamente unos seis millones de euros y Prenafeta, 14,9 millones Ambos exdirigentes pasaron algo más de un mes en la cárcel en 2009, y salieron en libertad tras abonar cada uno una fianza de un millón de euros.

Aquel año también se desveló el 'caso Palau', el escándalo de los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull y la presunta financiación ilegal de CDC que esta siendo juzgada en la Audiencia de Barcelona.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional se propone enjuiciar estos hechos desde el 13 de marzo hasta el 25 de septiembre de 2017, dividiendo en 26 jornadas a lo largo de seis meses.

Un papel perdido

La casualidad hizo que una hoja manuscrita hallada en noviembre de 2005 durante el registro de un despacho del paseo de Gracia fue la primera pista que puso a la Guardia Civil, la Fiscalía y la Audiencia Nacional tras la mayor trama de presunta corrupción urbanística desvelada en Cataluña.

El documento se encontraba entre centenares de carpetas que intervino la Guardia Civil en la búsqueda de pruebas de blanqueo de capitales en paraísos fiscales a través de una filial del BBVA.

El documento, escrito a mano, incluía fechas de posibles recalificaciones y precios de compra y venta de terrenos en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Otros implicados

También se sentaran en el banquillo, el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, señalado como supuesto receptor de sobornos que sumarían 1.7 millones de euros a cambio de incrementar la superficie de vivienda libre en un terreno del municipio; y que presuntamente se embolsó 5.8 millones por sus intermediaciones.

Contra el exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi', la Fiscalía sostiene que influyó a miembros de los ayuntamientos para amañar recalificaciones de las que pudo sacar un beneficio cercano a los 5,8 millones por intermediaciones en sucesivas transacciones con las parcelas. El fiscal reclama penas de ocho años de prisión por tres delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales.

'Luigi', diputado autonómico entre 1980 y 1988, desempeñó un "papel fundamental" en la trama corrupta como "conseguidor o facilitador e intermediario". Según el escrito del fiscal, era "notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones públicas". Además, los empresarios daban como un "hecho asumido" que "para resultar adjudicatarios, debían contar con la autorización mediata de Luis Andrés García"

Según el fiscal, 'Luigi' mantenía con el que fue alcalde de Santa Coloma entre 1995 y 2009, Bartolomé Muñoz "una relación personal y profesional tan fluida e intensa que, de facto, era Luis Andrés García quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas de este Ayuntamiento".

La relación estrecha se ampliaba al entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, quien, afirma el fiscal, "contribuyó eficazmente, gracias a la presión que desde su posición de jerarquía ejerció sobre distintos técnicos municipales intervinientes en la adjudicación pública realizada en la llamada 'operación Pallaresa', a la comisión de las múltiples irregularidades administrativas".