El Congreso aprueba derogar o reformar la 'ley mordaza' del Partido Popular
El Congreso vota a favor de las iniciativas de PSOE y PNV para revertir una de las leyes más polémicas de los populares
Los socialistas proponían derogarla y sustituirla por una nueva mientras los nacionalistas vascos apuestan por su reforma
Consciente de su minoría, el PP se opone a derogar la ley pero se muestra abierto a estudiar posibles mejoras
Madrid
Un PP en minoría ha sufrido una nueva derrota en el Congreso con la votación de sendas proposiciones de ley para revertir la ley de seguridad ciudadana, más conocida por sus detractores como 'ley mordaza' y que fue aprobada en solitario por el Gobierno de Rajoy cuando tenía mayoría absoluta.
Esta tarde se votaban dos iniciativas y las dos han salido adelante. El PSOE consideraba imprescindible eliminar de la ley todos aquellos aspectos que considera inconstitucionales y que recurrió ante el TC al entender que vulneran derechos fundamentales, sobre todo los relativos a reunión, manifestación, huelga y libertad de expresión. Entre los aspectos que los socialistas pedían suprimir figuran la sanción por manifestarse ante el Congreso y el Senado, las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la posibilidad de que a los periodistas se les requise material gráfico que incluya imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad, imposibilitar los registros personales en lugares públicos, "dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública", y acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad. La iniciativa ha salido adelante con 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones.
Los socialistas prefieren derogarla de facto aprobando su sustitución por una nueva ley que se muestran abiertos a consensuar en el periodo de enmiendas. “Tenemos que pasar de las musas al teatro y la única manera de que esta ley deje de estar vigente es su sustitución por un nuevo texto que queremos acordar con el resto de grupos y sería bueno que el PP también se incorporara al menos en algunos temas”, explicaba a la Ser el diputado Antonio Trevín. “Necesitamos una ley que respete los derechos de todos pero que no lleve a que un sindicalista en un piquete informativo acabe con una sentencia de dos o tres años de cárcel o que alguien por exhibir los pechos en una protesta acabe con miles de euros de multa”, añadía Trevín.
Por su parte, la iniciativa del PNV, que opta no por derogar la ley sino por una amplia reforma de 44 disposiciones de la misma, ha obtenido mayor respaldo al obtener 211 votos a favor por 130 en contra y ninguna abstención. “Vista la experiencia, ante las dificultades para una derogación completa, creemos que es una vía más posibilista y pragmática”, explicaba el diputado vasco Mikel Legarda. La propuesta del PNV busca acabar con las sanciones, a su juicio, abusivas y la falta de proporcionalidad entre los principios de seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales. Entre otros aspectos creen fundamental “tener en cuenta la capacidad económica del infractor a la hora de aplicar sanciones. No es lo mismo la multa que pueda recibir yo, que cobro un sueldo como diputado y tengo una posición razonablemente desahogada, que la que pueda tener alguien que esté en el paro o que no tenga recursos, a mi 500 ó 1.000 euros me pueden hacer daño, pero para una persona desempleada es una ruina”, señalaba Legarda, quien remarca la incoherencia que supone que haya sanciones en esta ley que son más altas que las previstas por el Código Penal para la misma tipología de delitos. La proposición de ley del PNV elimina un buen número de infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas las manifestaciones espontáneas no comunicadas a la autoridad competente, graves (manifestaciones frente a las sedes del Congreso y Senado; el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales; el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y leves (escalamiento de edificios; la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, el deslucimiento de inmuebles, etc).
El PP había mantenido hasta el momento su rechazo frontal a derogar su ley bajo el argumento de que sería una irresponsabilidad dejar a España sin una norma de seguridad ciudadana en un momento de alerta de nivel cuatro por terrorismo yihadista pero, consciente de soledad parlamentaria en esta cuestión, en las últimas semanas se ha mostrado abierto a estudiar algunas posibles mejoras en el articulado. En este sentido, el propio ministro Zoido ha calificado la iniciativa del PNV como un documento de trabajo que podría constituir un buen punto de partida. Fuentes parlamentarias no descartan algún guiño a la proposición de ley de los nacionalistas vascos durante su toma en consideración en el Congreso.
