Piden a la ONU que España ponga fin a la "persecución policial" que padecen por denunciar las "redadas racistas"
El colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que lleva años cuestionando los controles policiales “por perfil étnico”, presenta una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusando a España de vulnerar los derechos fundamentales y de “criminalizar” su labor
Recibieron más de una quincena de multas acusados de alterar el orden público al interpelar a los agentes cuando procedían a las identificaciones en estaciones de metro o autobuses
Uno de los activistas firma la denuncia que no prosperó en la justicia española. Fue sancionado con 301 euros de multa por “observar y documentar una redada racista”
Policía Nacional de momento no se pronuncia al respecto
Pancarta de un acto de Brigadas Vecinales contra las redadas racistas / brigadasvecinales.org
Madrid
“Han pasado ya más de 7 años desde que fui denunciado por la Delegación de Gobierno injustamente cuando estaba presenciando un control de identidad por perfil racial dentro del colectivo de Brigadas Vecinales de Observación Derechos Humanos. En el año 2012 pusimos una demanda contra la propia Delegación de Gobierno por vulneración derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información, el derecho de reunión y asociación que fue admitida parcialmente y después desestimada. Recurrimos precisamente porque entendíamos que los derechos fundamentales no fueron tenidos en cuenta por los jueces en aquel momento y es que yo fui denunciado cuando estaba realizando una observación de derechos humanos en medio de una redada racista. Por lo tanto por un lado tenemos el tema de la criminalización de la protesta social y por otro lado tenemos un problema fuerte de racismo institucional en forma de redadas que se siguen realizando y que ya se realizaban entonces”, es el testimonio de Cristian Orgaz, el protagonista de la demanda que han presentado desde Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por esa sanción que recibió Ordaz.
Esta organización que se presenta como un colectivo “de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico efectuados por la policía” y que realizó varios informes sobre estas prácticas en las calles de Madrid, aportando datos sobre el número de redadas de las que ellos eran testigos, asegura “que esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación”.
La polémica por esas “redadas racistas” comenzó a adquirir dimensiones políticas cuando el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denunció estas prácticas policiales y pidió su fin a los entonces responsables del Ministerio del Interior. Fue a inicios de 2009 cuando el sindicato mayoritario de la Policía denunciaba que este sistema de “redadas masivas e indiscriminadas de indocumentados es una práctica ilegal, profesionalmente injusta y moralmente inaceptable». Porque no sólo «vulnera los derechos constitucionales» de los ciudadanos, sino que también «pone en riesgo» las garantías jurídicas de los propios agentes” denunciaban en un comunicado.
El Sindicato Unificado de Policía alertaba entonces que “los mandos policiales habían fijado cuotas semanales de arrestos de extranjeros en situación irregular”, lo que generó una gran polémica dentro de la Policía Nacional y el propio Ministerio del Interior y obligó a este departamento a negar que existieran esas instrucciones.
Se sucedieron investigaciones como las del Defensor del Pueblo y se recibieron varios informes negativos hacia España remitidos desde organismos internacionales como la propia Naciones Unidas. En marzo de 2011 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU señalaba al reino de España, “el Comité considera preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado “.De manera directa el Comité instaba a España “a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales”.
Las denuncias y los informes se sucedieron, el SUP insistió en pedir al Ministerio que acabara con ellas, hasta que el 21 de mayo de 2012, la Dirección General de la Policía publicó una circular que las prohibió expresamente.
Brigadas Vecinales de Derechos Humanos sostienen que esa circular emitida en 2012 por el Ministerio del Interior para frenar los controles policiales de identidad basados en perfiles raciales, no ha parado este tipo de prácticas. Es más, asegura que su labor de denuncia de estos casos ha recibido “una persecución policial permanente” lo que les granjeó una quincena de multas. Por todo ello han visto mermada su actividad en las calles de Madrid y han considerado pedir amparo a la ONU.
“Lo que esperamos conseguir en primer lugar es que se reconozcan los derechos que se han vulnerado, que se reconozca que hemos recibido un conjunto de sanciones por pertenecer a las Brigadas vecinales de observación de Derechos Humanos y en tercer lugar que estas sanciones han respondido a un intento primero de criminalizar y en segundo lugar de reprimir a un colectivo que precisamente lo que hacía era documentar las redadas racistas y en cuarto y último lugar y muy importante que está sanciones tienen lugar precisamente cuando estamos realizando esas observaciones. Estábamos viendo como la policía estaba realizando controles de identidad y para quitarnos del medio lo que hacen es ponernos una serie de sanciones. La policía nos ha interpuesto 16 denuncias, el importe total que se reclamaba en multas era superior a los 3500 euros“ recuerda Orgaz.
Todas esas sanciones fueron recurridas por vía judicial, “y en todos los casos en que se celebraron juicios, se estimaron nuestras peticiones. También en el procedimiento penal, derivado de otra denuncia de la policía, fuimos absueltos” señala el colectivo
Fue en septiembre de 2012 cuando se inició esta demanda que ahora podría acabar en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “entonces presentamos una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo contra la Delegación de Gobierno de Madrid que sólo se estimó parcialmente, por lo que recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este Tribunal determinó no admitir la demanda, sin atender al contexto,” señalan desde Brigadas, “por ello recurrimos a instancias internacionales para denunciar que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial” concluyen.
Fuentes jurídicas independientes dudan de que el Comité de la ONU admita la demanda “ya que no se ha agotado la vía judicial en España”. La Cadena SER ha intentado recabar la versión tanto del Ministerio del Interior como de la Dirección Nacional de la Policía pero de momento no ha recibido respuesta.
