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Operación Lezo

El fiscal jefe Anticorrupción quiere apartar al fiscal principal de la operación Lezo

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pide a Carlos Yáñez que renuncie a su puesto en Madrid y regrese a Granada

Moix afirma a la Cadena SER que Yáñez ha presentado la renuncia, pero las fuentes consultadas por la SER lo desmienten

Yáñez es el fiscal principal de la operación Lezo, que protestó al tratar de impedir Moix uno de los registros a la trama

El fiscal jefe Anticorrupción intentó prohibir los pinchazos telefónicos a la organización criminal al poco de llegar al cargo.

"Ha puesto trabas desde el primer minuto" a la investigación, según fuentes de la Fiscalía consultadas por la SER

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado por la Guardia Civil. / Santi Donaire (EFE)

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado por la Guardia Civil.

Madrid

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido apartar a uno de los dos fiscales que llevan desde hace 18 meses la investigación al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según fuentes de Anticorrupción y de la Guardia Civil consultadas por la SER, ha pedido a Carlos Yáñez, que lleva el peso en los interrogatorios y dirige el caso junto a Carmen García, que renuncie a la comisión por la que está destinado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y regrese a Granada, donde tiene la plaza asignada.

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Carlos Yáñez fue el fiscal que invocó el artículo 27 del estatuto del Ministerio Público al rechazar la propuesta de Moix, que pretendía impedir uno de los registros en la operación contra Ignacio González. Eso provocó la reunión de la junta de fiscales en Anticorrupción, que respaldaron a su compañero en contra del fiscal jefe, quien reconsideró su decisión inicial.

Moix intentó prohibir las escuchas a los investigados

Según las mismas fuentes consultadas, Manuel Moix ha puesto trabas a la investigación contra Ignacio González “desde el primer minuto”. A los choques ya conocidos con sus fiscales, la Cadena SER desvela hoy que también intentó prohibir las escuchas a los investigados al poco de llegar a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción.

CADENA SER

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  • MOIX FRACASA EN SU INTENTO DE APARTAR A YÁÑEZ

Designado por el Fiscal General del Estado a finales de febrero, el 13 de marzo tuvo que tomar la primera decisión sobre la operación Lezo. Ese día tenía que cumplir un trámite, que era dar el visto bueno a la prórroga mensual para continuar con las escuchas telefónicas a Ignacio González y al resto de integrantes de la trama. Y Manuel Moix se opuso a autorizar la continuidad de los pinchazos. Los fiscales le insistieron en la necesidad de la medida, para tener localizados a los sospechosos de cara a su detención y conocer sus movimientos supuestamente delictivos, y al final, Moix dio su brazo a torcer.

Después llegaría el intento de impedir uno de los registros, y la imposición de que los detenidos no fueran acusados por la Fiscalía de un delito de organización criminal.

Las trabas impuestas por el nuevo fiscal jefe Anticorrupción han provocado un profundo malestar entre sus integrantes. Consideran que está “manchando” el nombre de la institución y afectando a unos profesionales “que se parten la cara día a día” en la lucha contra la corrupción.

La Cadena SER ha intentado ponerse en contacto con el principal afectado, Carlos Yáñez, pero no ha sido posible establecer comunicación con él.

La versión del fiscal jefe, Manuel Moix

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Manuel Moix, quien afirma que ha sido Carlos Yáñez quien ha pedido renunciar a su puesto en Madrid y regresar a Granada. Y que este viernes le dará la respuesta definitiva. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por la SER desmienten las afirmaciones de Moix.

El fiscal jefe Anticorrupción también matiza las presuntas trabas a continuar con las escuchas a los acusados el pasado mes de marzo. Sostiene que los motivos aducidos por los fiscales del caso para prorrogar las escuchas, básicamente tenerlos localizados para su detención, suponían "torcer la ley", y finalmente solo accedió a prorrogar los pinchazos telefónicos un mes más.

 
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