El caso de Pedro Antonio Sánchez deja en evidencia a Maza y Catalá
Dos jueces consiguen la imputación y sitúan a un paso del banquillo al expresidente de Murcia por el caso Púnica, a pesar del Fiscal General del Estado que impuso retirar la acusación en 12 líneas, y del ministro de Justicia quien le mostró su apoyo y desautorizó a las fiscales del caso
Los magistrados han empleado contra Pedro Antonio Sánchez ingente prueba y el código penal. El mismo en el que dijo haberse apoyado el Fiscal General José Manuel Maza, para exculparle
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante su comparecencia en la Fiscalía para anunciar la renuncia del fiscal anticorrupción español, Manuel Moix / Mariscal (EFE)
El magistrado Enrique Quiñonero ha propuesto este martes juzgar al expresidente de Murcia y todavía diputado autonómico del PP, Pedro Antonio Sánchez, por intentar contratar a la trama Púnica para mejorar su imagen en las redes sociales con dinero público.
El juez Quiñonero, desde la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo ha tenido claro después de tomar declaración al aforado, y en un escrito de tan solo cuatro páginas avala punto por punto la extensa instrucción ejecutada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien advirtió el pasado 3 de abril indicios sólidos de que Sánchez cometió los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.
Quiñonero viene a decir que no hace falta más prueba para abrir juicio oral contra Pedro Antonio Sánchez, porque la ingente recabada en instrucción demuestra su participación en los hechos.
Pedro Antonio Sánchez “completó el proceso de concertación” para delinquir
Entre ella cita “28 intervenciones telefónicas y comunicaciones” que le afectan; la geolocalización de los terminales telefónicos que demuestran que Pedro Antonio Sánchez acudió a las reuniones con los sospechosos; el “material informativo y documentación” obtenido en los registros; testigos clave como el director comercial del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, quien admitió los hechos; y lo más esclarecedor, la información incautada a la trama que corrobora que recibieron documentación de la Consejería de Educación que entonces dirigía Pedro Antonio Sánchez para “formalizar contratos simulados”. Es decir, para compensar a la supuesta organización criminal con dinero público, por los trabajos personales de reputación on line con los que PAS pretendía auparse en el liderazgo del Partido Popular murciano.
A juicio del magistrado “todos estos datos” confirman que se completó “el proceso de concertación” para delinquir. Lo mismo que defendía el juez Eloy Velasco y las fiscales del caso, Teresa Gálvez y Carmen García, a quienes el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, torció el brazo y les impidió acusar a Pedro Antonio Sánchez.
Maza nunca habló con las fiscales del caso ni estudió el procedimiento
Maza, sin escuchar a las fiscales que llevaban meses investigando al presidente de Murcia y amparándose en informes de cuatro fiscales de Sala del Supremo que tampoco contactaron con las investigadoras ni estudiaron el procedimiento para redactarlos, concluyó que no procedía imputar a Pedro Antonio Sánchez porque no llegó a haber daño para las arcas públicas al estallar la operación policial antes de que tuvieran lugar los pagos. La postura de Maza fue confirmada y despachada en solo 12 líneas por la teniente fiscal Anticorrupción, que aspiraba a la jefatura, Belén Suárez.
Pero tal y como defendían las fiscales, el juez Velasco, y ahora confirma el juez Quiñonero, los delitos atribuidos al expresidente murciano son tendenciales. Es decir, no hace falta que la acción haya sido consumada ni exista daño al erario público para que sea considerada delito. Y el código penal español es muy claro al respecto. Y existe numerosa jurisprudencia del Supremo que confirma esta posición. Incluida del propio José Manuel Maza, como ponente o redactor de sentencias en el Alto Tribunal.
“Solo cabía imputar a Pedro Antonio Sánchez"
“No es una cuestión de diferencia de criterio”, apuntan fuentes jurídicas consultadas por la SER. “La ley es muy clara y la única solución era imputar a Sánchez a la vista de los hechos”, añaden las mismas fuentes.
En todo este proceso que supuso el primer gran escándalo en la Fiscalía General del Estado, José Manuel Maza obtuvo el apoyo cerrado del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien llegó a desacreditar a las fiscales Gálvez y García, y aseverar que si le daban a elegir, se ponía “del lado de los jefes” en referencia a aquellos que exoneraban a Sánchez.
El primero de marzo, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados precisamente por la polémica en torno a Pedro Antonio Sánchez, el Fiscal General negó presiones y sostuvo como declaración de principios que su criterio en la persecución de los delitos de corrupción no podía ser otro que la “aplicación” de la ley, “sea quien fuere la persona investigada”. “No fue el caso con Pedro Antonio Sánchez”, subrayan desde la Audiencia Nacional.
