La Audiencia Nacional mantiene en una "necesaria" prisión a Ignacio González

Madrid

Que Ignacio González esté entre rejas es "necesario", a día de hoy, para que la investigación de la trama corrupta Lezo pueda seguir adelante sin problemas. Es lo que argumenta la sala de lo penal para rechazar una nueva petición del expresidente madrileño para ser liberado de la cárcel de Soto del Real, donde permanece desde el pasado mes de abril. 

En su auto, los jueces avalan la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de no sacarle de prisión y aseguran que esta medida es, en este momento, "aún más necesaria si cabe a la vista del resultado" de las diligencias puestas en marcha por los investigadores en los últimos meses. Tanto la Fiscalía como ADADE y Podemos, las acusaciones populares, habían impugnado la petición de libertad. 

La defensa de González esgrimía, entre otros motivos con los que solicitaba su puesta en libertad, que el magistrado instructor no se hubiese pronunciado sobre las medidas cautelares alternativas propuestas en sus escritos, así como que se basase en "meras sospechas" para asegurar que el expresidente madrileño se dará a la fuga en cuanto ponga un pie en la calle. 

(ARCHIVO) EL JUEZ LE MANTIENE EN PRISIÓN

<p>El pasado mes de julio, el juez García-Castellón decidió mantener en prisión a Ignacio González</p>

Los jueces reiteran que los indicios contra él van "cristalizando" a medida que avanza la investigación, destacando las "ingentes cantidades" de dinero de procedencia ilegal que habría manejado González y, sobre todo, la conversaciones telefónicas intervenidas en las que el expresidente madrileño planteaba poder empezar una "nueva vida" en Sudamérica. 

Financiación ilegal del PP

En su auto, los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional resumen y recuerdan los motivos y delitos por los que abrieron la conocida como 'operación Lezo' contra la corrupción en la región de Madrid: cohecho, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y todo bajo el paraguas de un último delito de integración en organizacíon criminal. 

Un rosario de delitos supuestamente cometidos, por ejemplo, en la financiación irregular del PP madrileño, en la adjudicación de las obras del tren a la localidad madrileña de Navalcarnero, en la expansión de la empresa pública Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, y por último la adjudicación igualmente fraudulenta de las obras del campo de golf ubicado en el centro de la capital.