La UCO encontró la tarjeta de visita de González en un sobre con billetes de 500

Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se mostró nervioso en varias fases del interrogatorio llevado a cabo por el juez Eloy Velasco y los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez el pasado mes de abril, al ser detenido como supuesto cabecilla de la Operación Lezo.

En las casi tres horas ante el magistrado, Ignacio González se dedicó a negar cualquier irregularidad o su vinculación con cualquiera de los hechos que se investigan. Aseguró que nunca ha tenido dinero negro, que tampoco cobró dinero para el Partido Popular, o que desconocía las operaciones supuestamente fraudulentas para la ampliación del Canal Isabel II, que presidía, en Iberoamérica, que desembocaron en un agujero de 25 millones de euros por la adquisición de la brasileña Emissao. Ese dinero acabó en cuentas en Suiza, y los investigadores sospechan que González estaba relacionado con las mismas.

Además de negar cualquier ilegalidad, el expresidente madrileño atribuyó la polémica adquisición de Inassa, la filial iberoamericana del Canal, al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón; y derivó cualquier responsabilidad en la gestión de la empresa pública del agua en su director gerente, Ildefonso de Miguel, porque González asegura que no entraba en los detalles.

Los fiscales, sin embargo, le hicieron incurrir en varias contradicciones, como cuando el expresidente negó que tuviera conocimiento de las actividades empresariales de su hermano para negar que tuviera algo que ver con la adjudicación del campo de golf de Chamberí a una empresa vinculada a Pablo González, y los representantes del Ministerio Público le hicieron ver que esa respuesta era poco creíble ya que de acuerdo a los seguimientos y escuchas realizadas al expresidente madrileño en los meses anteriores a su detención, hablaban todos los días varias veces, se veían con frecuencia y ejercía como asesor suyo.

A Ignacio González también le tembló la voz cuando la fiscal Carmen García le preguntó cómo era posible que su tarjeta de visita hubiera aparecido en un sobre con billetes de 500 euros y anotaciones que parecían corresponderse con el pago de comisiones, en el registro a la casa de su amigo, el exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, Luis Vicente Moro. "Jamás, jamás", repitió el expresidente madrileño, a la pregunta de si alguna vez Moro le había entregado mordidas.

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Pero en su declaración, la mano derecha de González en Inassa, Edmundo Rodríguez, admitió que Moro fue uno de los artífices de la compra de Emissao en Brasil, y junto a González, se repartió una comisión ilegal de 1.8 millones de euros.

Declaración de Marisa González

El juez del caso Lezo también tomó declaración, en calidad de testigo, a Marisa González, jefa de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante su interrogatorio, Marisa González explicó que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió abrir una investigación interna y externa sobre el Canal “porque se encontraron historias que éramos incapaces de controlar nosotros”. La propia Marisa González tuvo que oír las grabaciones en las que se escucha a Francisco Marhuenda llamándola “zorra”. La Jefa de Gabinete de Cifuentes cree que los directivos de La Razón “están cabreados” con ella porque piensan que es “proactiva para que salgan determinadas informaciones del Canal negativas hacia Edmundo [Rodríguez Sobrino]”. Marisa González no desmintió que haya filtrado noticias sobre el Canal, después de que el Fiscal le preguntase: “¿Tiene usted algún motivo para filtrar algo contra Edmundo?”, pregunta que González respondió alegando: “Hombre, nosotros solo tenemos un objetivo, que las cosas se sepan y se limpien”.

Durante ese interrogatorio Marisa González tuvo que escuchar llamadas entre Francisco Marhuenda y Edmundo Rodríguez Sobrino en las que el director de La Razón explica que el día 10 de agosto tuvo una reunión “a solas” en el despacho de Marisa González con la Presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Marhuenda le explica a Rodríguez Sobrino el resultado aquel encuentro: “[Cristina] Me ha dicho que no tiene absolutamente nada contra ti, pero con lo de Panamá se asustaron. Que ella no tiene ningún interés en tener un problema con tu tema porque no saca ningún beneficio de esto”.

Marisa González reconoció que La Razón emprendió una estrategia de presiones contra Cristina Cifuentes y lo enmarcó, no solo en la preocupación de Edmundo Rodríguez Sobrino, sino también en el cerrojazo que habían dado a la publicidad institucional. González, sin nombrar a Esperanza Aguirre señaló las prácticas del anterior gobierno del PP en Madrid: “Nosotros tenemos unas prácticas muy diferentes a las que tenían nuestros predecesores, en todos los sentidos. Somos estilos absolutamente diferentes. Los medios están acostumbrados a recibir dinero en publicidad, que ahora se hace como yo considero que se debe hacer, en base a la audiencia, antes decidían a quien se le daba a quien no”.

En otro momento de la declaración, Marisa González llega a admitir que trabajar en el Gobierno madrileño es “una mierda” porque cada noticia es “una mierda y una angustia, que si un diputado imputado, alguien que se lo lleva, es terrible, trabajar aquí es muy duro”.