La Audiencia Nacional pondrá en busca y captura a Puigdemont si no comparece

Madrid

A las 9:00 de este jueves por la mañana, el depuesto presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, estaba citado en la Audiencia Nacional, junto a los otros 13 miembros de su gobierno cesado, para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Tal y como había adelantado el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, el expresidente no ha acudido a su cita con la justicia.

Según fuentes jurídicas, la juez Lamela, previa petición de la Fiscalía, redactará un auto de búsqueda y captura e ingreso en prisión, y expedirá una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) mediante otro auto, que remitirá a las autoridades judiciales de Bélgica, donde al parecer se encuentra el encartado, para que procedan a la puesta a disposición judicial española del depuesto president de la Generalitat. El mismo procedimiento será empleado con el resto de consejeros que le acompañan en Bélgica.

Puigdemont y cuatro exconsejeros no han podido ser notificados

Los Mossos d’Esquadra, por orden de la juez Carmen Lamela, solo habían podido notificar anoche la citación para que acudan a declarar a 9 de los 14 miembros del govern citados. El cuerpo policial autonómico no ha podido localizar e informar de manera oficial el expresident Puigdemont, y los exconsejeros Comín, Borràs, Ponsatí y Serret.

No obstante, no habrá un segundo requerimiento para que acudan si no se presentan este jueves en la Audiencia. Según las mismas fuentes, aunque no hayan podido notificarles oficialmente la citación, previa petición de la Fiscalía la juez les declarará en paradero desconocido y ordenará su búsqueda y captura, y expedirá la OEDE.

Previsiblemente, todas estas medidas serán acordadas por el juzgado en cuanto concluyan las declaraciones de los exconsejeros que sí que se presenten ante la Audiencia Nacional.

La entrega, a criterio de la justicia belga

La expedición de una OEDE a un país miembro de la Unión Europea supondría la entrega inmediata de una persona reclamada por la justicia española. Pero en el caso de Bélgica hay problemas porque los delitos de rebelión y sedición por los que la justicia española busca a Puigdemont y sus consejeros, no están tipificados como tales en ese país. Y este criterio, el de doble incriminación o existencia de los delitos tanto en el país que reclama como en el que entrega, es necesario para que cualquier estado firmante de la ley se atenga a ella y proceda a cumplimentar su solicitud, según estas fuentes.

Sobre todo porque ni la rebelión ni la sedición forman parte del listado de delitos que los Estados firmantes del acuerdo acordaron para proceder a una entrega inmediata. Por tanto, la puesta a disposición de la Audiencia Nacional de Carles Puigdemont y sus consejeros quedará a voluntad de la justicia belga.

Algunas fuentes jurídicas habían negado que no se diera el requisito de doble incriminación porque Puigdemont también ha sido indiciariamente acusado de un delito de malversación, que sí contempla el código penal belga. Pero expedir una OEDE por ese único delito, advierten otras fuentes, implicaría que solo podría ser acusado en España por malversación. Las fuentes jurídicas consultadas por la SER descartan ese escenario.

La juez Carmen Lamela considera que existen indicios de que los querellados “urdieron una estrategia perfectamente organizada”, con el reparto de papeles entre las autoridades “gubernamentales, parlamentarias y las asociaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural” para llevar a cabo el proceso independentista.

La juez aprecia como “seria, racional y lógica” la querella de la Fiscalía que sostiene que el Govern, y “en particular el president y el vicepresident”, han “impulsado y conseguido la aprobación de leyes y resoluciones para dotar de cobertura normativa al proceso de separación”.

Añade que indiciariamente los querellados, “reforzados por ANC y Omnium”, se han “valido de la población en actos de insurrección pública que han alcanzado el elemento de la violencia” que requiere el delito de rebelión.

La magistrada ha ordenado que los 14 querellados depositen de forma solidaria y conjunta una fianza de 6.2 millones de euros en un plazo de tres días, o serán embargados en idéntica cantidad.