El juez Ruz impulsó la investigación al detectar que el PP faltó a la verdad y pudo destruir pruebas

Madrid

La investigación que ha concluido sentando en el banquillo al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas no hubiera sido posible sin el empeño de las acusaciones populares como el Observatori Desc, Izquierda Unida o ADADE, pero sobre todo por el que ejerció el primer instructor del caso de la caja b del Partido Popular, Pablo Ruz, quien a pesar del rechazo de la Fiscalía Anticorrupción remitió la causa a los juzgados ordinarios de la madrileña plaza de Castilla al observar indicios de delito en la acción. Ni el encubrimiento ni los daños informáticos eran delitos que fueran competencia de la Audiencia Nacional y por ello derivó el proceso a los juzgados ordinarios.

Ruz acordó iniciar el proceso investigador después de comprobar cómo el Partido Popular faltó a la verdad al aseverar que había formateado los equipos informáticos “a partir de abril” de 2013, cuando en realidad destruyó su contenido seis días después de que el extesorero hubiera ingresado en prisión, a finales de junio de aquel año, con un significativo cambio de estrategia que implicaba abandonar a los abogados que le estaba pagando el PP y con la intención de tirar de la manta sobre el contenido de los denominados papeles de Bárcenas.

Además, la formación conservadora alegó haberlos borrado para que fueran utilizados por otro empleado, pero el agente 106.594 de la Policía Científica confirmó que nadie los había empleado. No constaban “ni entradas anteriores ni posteriores” a la fecha de la destrucción, según su testimonio.

La información sobre el grueso de la caja b, destruida

En su declaración ante el magistrado, el extesorero Luis Bárcenas adujo que en aquellos ordenadores se encontraba información “sensible” sobre la caja b del Partido Popular. Más tarde, ya ante la juez Rosa María Freire y como testigo, Bárcenas llegó a aseverar que en uno de los equipos guardaba un documento en formato Excel que contenía el grueso de las donaciones ilegales para financiar las campañas electorales del Partido Popular. “Hasta cuatro millones” de euros por cada comicio, con el detalle de quién aportaba esas cantidades. De tal forma que los papeles de Bárcenas solo registraban la caja negra del “gasto diario” para sobresueldos y otros asuntos de entidad menor, pero era en ese documento destruido donde se encontraba el grueso de la caja b del PP.