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¿Suficiente para salir de prisión?

El juez Llarena decide este lunes si modifica las medidas cautelares que pesan sobre Oriol Junqueras, diez exconsellers y 'los Jordis' después de escuchar sus declaraciones el pasado viernes: la Fiscalía ha pedido mantener a todos entre rejas

Un furgón policial entra marcha atrás en el Tribunal Supremo el viernes / ()

La semana pasada, Oriol Junqueras y siete exconsejeros de su Govern destituido cumplieron un mes entre rejas, repartidos entre Estremera y Alcalá-Meco. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por su parte, se acercaban al medio centenar de noches en su celda de Soto del Real. Este lunes, el juez Pablo Llarena decidirá si sus declaraciones 'exprés' del viernes fueron lo suficientemente convincentes como para sacarles de prisión, o si debe mantenerles en la cárcel tal y como solicitó la Fiscalía.

El magistrado tiene encima de la mesa dos posturas irreconciliables, y toda una escala de grises que no invitan a pensar en una decisión unánime para todos. Según el Ministerio Público, ninguno de los diez imputados dejó totalmente claro que a partir de ahora fuesen a acatar la Constitución, aunque fuentes jurídicas sí que establecen diferencias entre, por ejemplo, la declaración de Oriol Junqueras y Raül Romeva y la de otros acusados como Joaquim Forn o 'los Jordis'.

La Fiscalía, desde luego, no quedó impresionada con las exposiciones de aproximadamente veinte minutos que escuchó el pasado viernes: "No se ha modificado la voluntad expresada por los investigados", dijo en un comunicado emitido pocas horas después para explicar por qué había solicitado mantener a todos en prisión. "La fórmula del acatamiento del artículo 155 de la Constitución no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio", añadía, concluyendo que "en las expresiones referidas a la Carta Magna como amplia y flexible no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente".

LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN

El pasado viernes el Ministerio Público pidió mantener en prisión a los 10 imputados

Entiende por tanto el Ministerio Público que existe un riesgo de reiteración delictiva, también de destrucción de pruebas, y por último de riesgo de fuga, poniendo como ejemplo el periplo belga de Carles Puigdemont quien "siguiendo un plan preconcebido se encuentra en Bruselas, prófugo de la Justicia".

De Junqueras a 'los Jordis'

El juez, a falta de conocer argumentos más específicos, considera que Govern, Parlament y asociaciones civiles conformaron un "engranaje" con la vista puesta en la independencia, pero este lunes tendrá que empezar a diferenciar entre el papel de unos y otros para ratificar o modificar sus medidas cautelares: sus declaraciones del viernes no fueron ni mucho menos homogéneas, aunque todos buscaban acogerse a la ya bautizada como "vía Forcadell" en busca de la libertad.

Fuentes judiciales aseguran que el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, fueron los más ambiguos a la hora de ir más allá de acatar, a regañadientes, una aplicación del artículo 155 que la Fiscalía considera indiferente a sus consideraciones y acatamientos. Estas mismas fuentes sitúan en un plano algo menos confuso a imputados como el exconseller de Interior, Joaquim Forn, que habría reconocido errores en el procés independentista que, por ejemplo, les costó el apoyo internacional, asegurando que seguirían buscando la independencia pero a través de una reforma de la Constitución usando los cauces legales.

Un hombre con una pancarta el viernes en el Supremo / Alberto Pozas

Ni Junqueras ni Romeva contestaron a las preguntas de la Fiscalía y el resto de exconsellers lo hicieron, algunos a todas las preguntas y otros sólo a unas pocas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el primero ya 'número 2' en la lista de Junts per Catalunya y el segundo todavía líder de Òmnium Cultural, también habrían sido más explícitos a la hora de ubicarse bajo el paraguas de la Constitución, pero en su caso la Fiscalía también les atribuye un papel más protagonista en la violencia que, asegura, reinó en Barcelona el 20 de septiembre.

Los tuits, la huelga y las urnas

Hasta el momento, quien sí se ha pronunciado de forma extensa sobre el papel de cada uno de los diez imputados ha sido la juez que les envió a prisión: Carmen Lamela. En el auto de dos de noviembre en el que envió a prisión a Junqueras y el resto de exconsellers, explicó que todos habían estado "desobedeciendo sucesiva, sistemática y frontalmente" al Tribunal Constitucional, urdiendo una "estrategia perfectamente organizada con reparto de papeles" y siendo "conocedores" de todos los preparativos que "consentían y apoyaban" de cara al 1-O y a la declaración de independencia del 27 de octubre.

Ya en ese auto la magistrada, que recientemente envió la mayoría de la causa al Tribunal Supremo, atribuía determinados movimientos concretos a los imputados. Por ejemplo, al exconseller de Territorio, Josep Rull, le atribuye tuits contrarios a la presencia en Barcelona del contingente policial desplazado hasta allí. A Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo, le atribuía entonces haber anunciado la adhesión del Govern a la huelga general convocada tras el 1-O en Catalunya, y por último a Mertixell Borràs, exconsellera de Gobernación, haber firmado el acuerdo marco del suministro de las urnas que finalmente se usaron en el referéndum ilegal.

"Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse", decía entonces Lamela. Este lunes su compañero Llarena decidirá, desde el Tribunal Supremo y a cien metros de la Audiencia Nacional, si modifica la situación de prisión provisional de alguno de ellos y ellas. Los imputados ya tienen preparadas incluso las posibles fianzas por si les da tiempo a arrancar en libertad la campaña eletoral el martes.

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