El Gobierno se escuda en Cataluña y las divergencias entre territorios para no presentar la financiación

Madrid

Fue en febrero pasado, durante la primera y única Conferencia de Presidentes convocada desde que gobierna el Partido Popular. Mariano Rajoy se hizo la foto con el rey y los presidentes autonómicos (todos menos los de Euskadi y Cataluña) y alcanzó el primer acuerdo de Estado de la legislatura: que en 2017 se reformaría el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, las principales prestadoras de servicios del Estado del Bienestar. A 2017 le quedan ya solo tres semanas y el Ministerio de Hacienda no tiene intención de presentar ninguna propuesta.

Esgrimen dos argumentos. Por un lado, que Cataluña está inmersa en unas elecciones muy relevantes para el conjunto de España ("nos jugamos el país", comentaba el ministro Cristóbal Montoro en los corrillos del Día de la Constitución) y que, sin ejecutivo catalán, no tiene sentido abordar la reforma del modelo de financiación de las autonomías de régimen general (todas menos País Vasco y Navarra). El propio Montoro condicionó, en esas conversaciones informales con los periodistas, la puesta en marcha de la reforma a la formación de Gobierno en Cataluña. Por cierto que, a esa misma hora, unos metros más allá, dirigentes como Pablo Iglesias manejaban como hipótesis probable una repetición de los comicios catalanes si los vetos entre partidos se mantienen.

Hay una segunda razón que, según aseguran a la SER fuentes de Hacienda, explican que el Ministerio no tenga lista una oferta para las Comunidades Autónomas: la disparidad de las alegaciones que han presentado los gobiernos autonómicos (siete ellos del PSOE) al informe encargado al grupo de expertos, también por mandato de la Conferencia de Presidentes. Aseguran esas fuentes que no hay un “punto de conexión” entre la respuesta que han dado los gobiernos. Como ejemplo de las contradicciones entre autonomías, en el Ejecutivo se refieren, por ejemplo, al planteamiento de que la Comunidad Valenciana de que las autonomías gestionen el 70% del IVA y de los impuestos especiales (ahora ingresan el 50% del primero y el 58% de los segundos), que no han secundado, según el Gobierno, el resto de los ejecutivos que controla el PSOE. Uno de ellos, el de Castilla La Mancha, propone en cambio que las autonomías devuelvan capacidad normativa sobre los impuestos al Ministerio de Hacienda para que, desde la Administración central, se armonicen los tributos cedidos y se acabe con el dumping fiscal (competencia fiscal entre territorios).

En ese sentido es en el que hay que interpretar las declaraciones que Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, hicieron a los periodistas en los corrillos del Congreso de este Día de la Constitución. Según el presidente del Gobierno, él no puede aprobar ese nuevo sistema de financiación sin contar con los socialistas, porque no tiene mayoría en el Congreso y porque no quiere hacerlo sin el partido que dirige Pedro Sánchez, que "gobierna en un número importante de comunidades autónomas". "Mi disposición es total, pero creo que el modelo de financiación hay que aprobarlo con el concurso del PSOE", sostuvo Rajoy, lanzando la pelota al tejado socialista: "Aplicarse todos a trabajar”, zanjó.

"Que nos matemos entre nosotros"

En los gobiernos del PSOE, hay un diagnóstico que comparten distintas fuentes consultadas: “Quieren que nos matemos entre nosotros cuando es el Gobierno el que tiene que presentar una propuesta”. De hecho, llevan semanas barruntando y denunciando lo que ahora confirma Hacienda: que 2017 pasará sin que las autonomías del régimen general tengan resuelta su financiación mientras que el País Vasco ya ha sacado adelante el acuerdo del cupo (acuerdo con el PP pero con el voto favorable del grupo socialista en el Congreso).

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Para dar la “apariencia” de que se va a cumplir el compromiso, según fuentes de los ejecutivos de Andalucía o Castilla la Mancha, el Ministerio de Hacienda tiene previsto hacer en las próximas semanas convocatorias de carácter técnico. El día 14 se reunirá el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) para abordar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y también la armonización de los tributos y, con toda probabilidad, el 28 de diciembre habrá otra reunión de este tipo en Hacienda pero, en ningún caso, está en los planes de Cristóbal Montoro convocar a los consejeros, que se sientan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para debatir la nueva financiación.

El diagnóstico de Susana Díaz: que Rajoy quiere dejar que pase 2018

Hace dos semanas, cuando el PSOE se disponía a dar el visto bueno al cupo vasco, Pedro Sánchez reunió a la Ejecutiva del PSOE en Valencia para aprobar una resolución en la que el principal partido de la oposición pide suficiencia financiera para todas las comunidades. El líder socialista exigió a Mariano Rajoy que cumpliera su palabra y que, antes de que terminase el año, pusiera sobre la mesa la reforma del modelo de financiación autonómica, que lleva ya cinco años de retraso.

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Y según la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, Rajoy “tiene tiempo” para presentar su modelo antes de que acabe el año. Eso dijo la presidenta andaluza en Madrid, también en la recepción de la Cámara Baja de este miércoles, dejando bien claro su diagnóstico de la situación:

"Mal empezamos si Rajoy da su palabra a los presidentes de comunidades autónomas y, a tres semanas de expirar el plazo, esto se convierte en papel mojado". "Creo que se quiere aprovechar del esfuerzo de comunidades autónomas y ayuntamientos para saltarse el 2018, año de déficit excesivo, y llegar a 2019 limpio de polvo y paja a costa de la educación, la sanidad y los servicios públicos y del esfuerzo de los ayuntamientos para que, seguramente, Montoro llegue al último tramo antes de elecciones con 'regalitos fiscales'". Llegados a este punto, es total la desconfianza de la dirigente andaluza.