Las 25 acusaciones del juez Llarena

Madrid

Por primera vez en los cuatro meses que dura esta macroinvestigación judicial contra el proceso independentista unilateral, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena detalla la actuación concreta que atribuye a cada uno de los 25 procesados. Desde la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre hasta los disturbios callejeros de esos días y del 20 de septiembre, pasando por la aprobación de leyes de carácter independentista en el Parlament de Catalunya.

Las acusaciones, una a una

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Para el magistrado, los máximos responsables de la Generalitat "prefirieron ordenar la continuación" del referéndum, "llamar a la población a al movilización y la participación", e incluso "impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado" a pesar de estar advertidos del "grave riesgo de incidentes violentos".

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Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Los entonces líderes de la Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, respectivamente, son acusados, como en ocasiones anteriores, de instigar la violencia en las calles. "Con capacidad para movilizar a cientos de miles de seguidores, impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral y de alcanzar el recuento el día 1-O".

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Jordi Turull. Ayer candidato a la presidencia de la Generalitat, hoy procesado por un delito de rebelión, el juez entiende que jugó un papel fundamental como portavoz del Govern de Puigdemont. "Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas al servicio de la celebración del referéndum", asegurando que contribuyó "tanto en lo relativo a divulgar la forma de votación como en el reclutamiento de miles de voluntarios" de cara al 1-O.

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Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament de Catalunya se lleva algunos de los argumentos más contundentes de Llarena. Tuvo una "participación medular desde los primeros momentos del proceso" como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, y después como presidenta del Parlament tramitó las leyes independentistas en contra de las órdenes del Constitucional. Además, "su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la acción", destacando que estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre en Barcelona y "arengó a la movilización" al día siguiente frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Además, Forcadell trató de "reforzar la imagen de legitimidad de la votación" el 1 de octubre, poniendo "la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido y de la proclamación de la república".

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Marta Rovira. La participación de la secretaria general de ERC a la celebración del referéndum ilegal "ha sido esencial a lo largo de todo el proceso", participando según el juez "no sólo en la ideación de los mecanismos de actuación, sino en el impulso parlamentario de una legislación de soporte y en la actuación política de coordinación de esfuerzos", entonces como portavoz de la formación republicana en el Parlament.

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Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Meritxell Serret y Santi Vila. El auto de procesamiento dedica un párrafo a estos cinco exconsejeros, atribuyéndoles la aprobación del Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Eso "muestra la eventual responsabilidad" de los cinco.

Raül Romeva. El magistrado acusa al exconseller de Exteriores de "impulsar la creación de estructuras de Estado y favorecer el reconocimiento de la república en el extranjero a través de Diplocat", así como también de poner en marcha el proyecto "para la votación electrónica" de catalanes residentes en el extranjero "que terminó siendo abandonado".

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Toni Comín y Dolors Bassa. El magistrado acusa a los exconsejeros de Salud y Trabajo, respectivamente, de "garantizar" la logística del referéndum "asumiendo el control de todos los locales dependientes de sus consejerías" para su uso el 1-O. Además, dice, "ambos permitieron la utilización de sus departmentos para soportar parcialmente el gasto derivado de imprimir las papeletas" y también elaborar el censo electoral o hacer las citaciones de los componentes de las mesas electorales.

Clara Ponsatí. La exconsejera de Enseñanza, según el auto de procesamiento del juez, "el día 29 de septiembre asumió el control de todos los centros escolares dependientes de su consejería e impulsó a su ocupación para garantizar su uso" durante las votaciones a modo de colegios electorales.

Josep Rull. Según el juez, la contribución al proceso del exconsejero de Territorio ha sido "significada" desde marzo de 2015 y siendo "partícipe en múltiples reuniones definitorias de la estrategia de independencia". Añade además que fue Rull quien "impidió que un ferry destinado a acoger" a Policía y Guardia Civil "pudiera atracar en el puerto de Palamós, buscando con ello favorecer la celebración del referéndum y que la fuerza ciudadana tuviera la mayor proyección posible".

Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet. Los cinco miembros que formaron la Mesa del Parlament en la pasada legislatura están acusados de desobediencia, y les atribuye por ejemplo haber votado a favor de la admisión a trámite de proposiciones de Ley relacionadas con la independencia "supuso una tenaz y perseverante desatención" de las prohibiciones del Tribunal Constitucional, que les obligaba a "impedir o paralizar cualquier iniciativa" encaminada a la independencia del territorio catalán.

Anna Gabriel y Mireia Boya. En las líderes de la CUP - una entonces presidenta del grupo parlamentario y la otra portavoz - dice el juez que "puede apreciarse una eventual responsabilidad" también por desobediencia, dando por hecho que aunque no fueron notificadas personalmente también conocían las órdenes del Tribunal Constitucional con respecto a la independencia. "Es evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años", dice el magistrado, añadiendo que su registro de la propuesta de Ley de Transitoriedad "puede entrañar la misma desatención a las decisiones del Constitucional a la que se ha hecho referencia anteriormente".

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