De la ideología al poder de convocatoria: todo lo que no convence al juez Llarena

Madrid

Para cuando el juez Pablo Llarena, decidió hacerse con el grueso de la investigación del procés independentista a finales de noviembre del año pasado, la causa ya acumulaba una decena de encarcelados entre exconsejeros del Govern y líderes de asociaciones. Desde entonces y hasta ahora, el magistrado ha dejado en prisión sin fianza a cuatro de ellos y ha permitido la salida bajo fianza de otros siete.

A lo largo de diversos autos, el magistrado ha dejado claro las claves para modular la responsabilidad que atribuye a cada uno de los 28 imputados, y para abrir la puerta a que puedan abandonar la cárcel, marcando también el camino de la prisión preventiva a todos aquellos que permanecen fugados en Bruselas: riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y el compromiso de cada imputado.

Poder de convocatoria

Para el juez, los hechos más graves son los altercados violentos, por ejemplo los del 20 de septiembre en Barcelona, y todos los imputados contribuyeron en mayor o menor medida a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Uno de los grandes temores del magistrado es que una puesta prematura en libertad, aunque sea para ir un día en furgón hasta el Parc de la Ciutadella, pueda desembocar en altercados violentos.

Para Pablo Llarena, las aportaciones de los encarcelados "están directamente vinculadas a una explosión violenta" en Barcelona, según dijo en su auto de 4 de diciembre. "Es claro que era previsible que se produjeran actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia", dijeron también sus compañeros de la sala de lo penal un mes después para mantener a Oriol Junqueras en prisión.

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Ni en libertad provisional, ni salir de la cárcel por un día para votar en el Parlament: "Afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con la garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional, es algo que este instructor no percibe", dijo Llarena cuando Junqueras, Sànchez y Forn le pidieron poder acudir a la cámara catalana a participar en los plenos.

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La vía Barrufet

Fue erróneamente bautizada como la 'vía Forcadell', pero lo cierto es que fue la exdiputada de JxSí, Ramona Barrufet, quien mostró el camino más claro a la libertad en su declaración del 9 de noviembre: renegar del procés independentista, prometer no volver a salirse de los cauces constitucionales y, por supuesto, dejar la política. Así lo manifestó espontáneamente, y le siguieron el resto de imputados cuando vieron que la Fiscalía insistía en encarcelarles.

Las promesas de diálogo, de constitucionalidad y de legalidad han sido desde entonces una constante en las declaraciones de los imputados - algunos con mayor intensidad que otros - y no ha valido para todos. "El peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación", dijo el juez en uno de sus autos, añadiendo en otro que "dar credibilidad a los investigados que afirman que no volverán actuar ilegalmente, supone asumir un confiado pronóstico". No sirvió a los 'Jordis', no ha servido por el momento a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn, pero sí fue suficiente, por ejemplo, para los antiguos miembros de la Mesa.

Ostentar cargo público

A la hora de valorar el riesgo de reiteración delictiva, el juez Llarena ha dado gran importancia a que los imputados ostenten un cargo desde el cual poder volver a promover la dependencia unilateral de Catalunya o desde el que volver a espolear a la sociedad civil. También ha tenido en cuenta la importancia del cargo que ostentasen en el momento de los hechos. Lo hizo patente, por ejemplo, cuando dejó en libertad a varios exconsellers pero mantuvo en prisión a Forn, Junqueras y los 'Jordis', semanas antes de las elecciones del 21 de diciembre y con el temor de que volviesen al Govern: el reisgo de fuga, dijo, "va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran".

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No renunciar a un acta no implica la entrada en prisión y dejar el puesto no es siempre una garantía de libertad: recientemente Joaquim Forn comunicó al magistrado que dejaba su acta de diputado, pero el juez decidió mantenerle en Estremera. Supuestamente, contribuyó a la rebelión "desde una responsabilidad ejecutiva que todavía le es alcanzable", en referencia al puesto de conseller de Interior que prometió no retomar.

Ideología y contexto político

La forma de vehicular la ideología independentista de los imputados también ha sido objeto de análisis por parte del juez instructor, dando una vuelta más a la llave de la celda de alguno de ellos. Ha sido este mismo martes cuando el magistrado ha confirmado la situación de prisión provisional de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y número dos de JxCat en el Parlament, apelando entre otras cosas a su "ideario" y a su recién adquirida condición de diputado autonómico.

"No sólo no ha renunciado a una actividad pública que ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer" la vía unilateral, dice el juez. Además, Sànchez "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria". Su ideología no es perseguible, pero el juez duda de sus métodos para alcanzar sus objetivos.

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Un razonamiento similar al que hizo para mantener en Estremera a Joaquim Forn, poniendo encima de la mesa incluso el escenario político del Parlament, todavía pendiente de nombrar un president para la Generalitat: "Su ideología coexiste ademáscon un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Cataluña, existiendo todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo contrario a las normas penales".

#EnfoCATs y la agenda secreta

El magistrado, compartiendo criterio con Fiscalía y Guardia Civil, da máxima veracidad e importancia a dos pruebas documentales incautadas por los investigadores en los últimos meses: el documento #EnfoCATs, considerado como la hoja de ruta del soberanismo, y la agenda en la que Josep María Jové, exalto cargo del departamento de Junqueras, anotaba cada paso que daba el bloque soberanista, público y privado.

Han sido precisamente estos dos documentos los que han llevado a definir quién formaba parte y quién no del 'Comité Estratégico' del procés, y en definitiva a la imputación de líderes políticos como Marta Rovira (ERC), Marta Pascal (PdeCat), Anna Gabriel y Mireia Boya (CUP) e incluso el expresident Artur Mas.  

¿Riesgo de fuga?

Asunto clave en los casos de corrupción en los que el mayor miedo del juez es que el cabecilla de la trama se escape a otras latitudes y, para cuando consiga detenerle, haya quemado varios carritos de la compra llenos de documentación comprometida. En esta causa abierta en el Supremo contra el procés, el juez Llarena ha explicado varias veces que el riesgo de fuga no es su mayor preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que muchos imputados ostentan cargos políticos: ese riesgo "se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados", decía por ejemplo en su auto de nueve de noviembre, en el que envió a Carme Forcadell a prisión bajo fianza de 150.000 euros.

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Ya advirtió también en ese auto que, en cualquier caso, no piensa lo mismo de Puigdemont y el resto de imputados que se encuentran en Bélgica: es "manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados", decía.