Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un canal anónimo de denuncias

Madrid

La nueva normativa Europea tendrá un periodo de adaptación para España de dos años y obligará a las empresas de más de 50 empleados o 10 millones de facturación a establecer procedimientos internos de denuncia que garanticen la confidencialidad de los denunciantes

Bruselas pone en marcha una legislación para proteger a los denunciantes de corrupción con la que trata dar una cobertura legal a las personas que revelen infracciones de un amplio espectro de leyes de la UE, desde regulaciones financieras hasta estándares de seguridad nuclear, así como el incumplimiento de las normas de impuestos corporativos.

Para Jesus Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Trasparencia Internacional, la noticia “marca un hito muy importante en la protección de los ciudadanos de todos los países contra la corrupción en el sentido de que protegen a todas aquellas personas que quieran denunciar algún hecho, algún caso de corrupción que vean o del que tenga noticia sin arriesgarse a las represalias laborales, personales o profesionales que pudieran sufrir”.

Empresas con 50 empleados

El catedrático de la Autónoma ha precisado además que la normativa europea será “también muy relevante para la sociedad civil porque veníamos defendiendo que hubiera una legislación que desarrollase un procedimiento para proteger a los denunciantes y además con muchas obligaciones tanto para las empresas en el sector privado como para las instituciones públicas que tendrán que crear canales de denuncia para que todas aquellas personas, trabajadores, directivos, y empleados públicos puedan poner de manifiesto todo aquello que vean y con una serie de obligaciones bastante concretas para todas aquellas empresas que tengan más de 50 empleados o más de 10 millones de euros de facturación y para todas aquellas instituciones públicas ya sean regionales, municipales, ayuntamientos que tengan más de 10.000 habitantes. Eso quiere decir que va haber muchísimas instituciones públicas y empresas obligadas a través de la legislación española con la transposición de esta nueva directiva europea con la obligación de cumplir estas normas”.

Según ha valorado la plataforma Xnet, esta noticia es “particularmente relevante para España” donde se está tramitando lo que considera una “ley trampa”, la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, “absolutamente por debajo de los estándares internacionales e incluso peligrosa para los alertadores/denunciantes”.“No obstante, sea cual sea el resultado en el Congreso, “la Directiva trasforma automáticamente en obsoleta la tramitada ley española, oportunista y deficiente, que se puede equiparar a la propuesta en Polonia, denunciada por haber sido presuntamente escrita por los propios servicios secretos para controlar las personas que filtren información comprometedora para el gobierno”, denuncia.

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Los planes deben ser votados por los legisladores nacionales y el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.