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Montoro detalla al juez Llarena hasta nueve denuncias al fiscal y al Tribunal de Cuentas por el proceso independentista

El escrito firmado por el ministro de Hacienda, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, aclara sus manifestaciones sobre la financiación del procés con dinero público

La Cadena SER ha tenido acceso al escrito que envió el ministro de Hacienda al juez, Pablo Llarena, instructor del procés, para aclarar sus declaraciones al diario El Mundo el pasado 16 de abril, en las que aseguraba textualmente: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".

En el informe de 8 folios enviado al magistrado y, firmado por el propio ministro, Montoro mantiene esa afirmación, pero detalla nueve escritos/denuncia que ha presentado su departamento al fiscal general del Estado y al Tribunal de Cuentas por posibles delitos de la Generalitat relacionados con el mal uso de dinero público para fines prohibidos.

CADENA SER

El ministerio explica al juez los diferentes mecanismos de control del Presupuesto de Cataluña aprobados desde el 20 de noviembre de 2015 ante "la situación de riesgo económico para el interés general derivada del empeoramiento crediticio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del afloramiento de más de 1.300 millones de euros de gasto así como de diversas manifestaciones de alguno de los representantes de las instituciones, en las que declaraba que el impago de la deuda con las farmacias o su voluntad de incumplimiento de las leyes", según reza el primero de los 4 Acuerdos del Consejo de Ministros que establecen diversas medidas de control de las cuentas de la Generalitat. Gracias a estos mecanismos -afirma el ministro- "se ha impedido que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español", pero, a renglón seguido, Cristóbal Montoro reconoce que se han podido cometer algunos delitos en relación con el uso de dinero público para el proceso independentista. "En los casos en los que se ha detectado sospecha de indicios de delito, se ha puesto con la debida diligencia en conocimiento de las autoridades judiciales", asegura el escrito.

Nueve denuncias por posible delito en el uso de dinero público

Antes de que el Gobierno aprobara la aplicación del artículo 155 en Cataluña que supuso la intervención total de las cuentas catalanas, el ejecutivo estableció un primer mecanismo de control que obligaba a la interventora general de Cataluña a enviar semanalmente un sistema de certificados y declaraciones juradas para garantizar que el dinero público se destinaba efectivamente a financiar los servicios públicos esenciales. Así se lo explica Montoro al juez, a quien también relata las dificultades que empezó a tener el ejecutivo con la interventora general porque se negaba a enviar información completa sobre la preparación y desarrollo del referéndum del 1 de octubre.

El ministro abre la puerta ante posibles falsificaciones de facturas cuando le explica al juez que "cualquier información sobre la realidad material o fáctica que se obtenga por otras fuentes de información no puede pretender ser necesariamente contradicha por el hecho de que exista un documento presupuestario o estrictamente contable contradictorio, o que pretenda dar cobertura a una realidad material distinta, y ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad que quepa exigir a quienes hayan emitido o suministrado la citada información presupuestaria o contable ajena a la realidad material de los hechos".

Y añade "estos mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial llevada a cabo por los Tribunales de Justicia de aquellas acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos".

A continuación, el titular de Hacienda detalla al magistrado los 9 escritos presentados al Fiscal y al Tribunal de Cuentas, entre el 14 de febrero de 2017 y el 7 de febrero de este año, tras detectarse diversas irregularidades en la información que debía remitir al Gobierno la interventora general de la Generalitat-

Los cuatro primeros escritos, firmados por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Mora, se presentan ante el fiscal General del Estado porque la interventora catalana no facilita suficiente información sobre el referéndum catalán. "Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal -asegura el gobierno - todo lo relacionado con los requerimientos de información y respuesta sobre la difusión de la campaña institucional por el referéndum y como consecuencia de la comunicación por la que dejan de aportar la información semanal, por si alguno de los hechos descritos pudieran dar lugar a exigencia de responsabilidad penal", explica el ejecutivo a la Fiscalía.

El resto de los escritos que el ministro detalla al juez se refieren a la negativa de la Generalitat a aportar los contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios, a la falta de información sobre la partida publicidad, difusión y campañas electorales y a la negativa de las autoridades catalanas a explicar los gastos de Diplocat, el órgano creado por el ejecutivo catalán para difundir el 'procés' internacionalmente.

Montoro también explica al magistrado del Supremo los otros tres escritos enviados al Tribunal de Cuentas para que investigue la actuación de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana en el referéndum del 1 de octubre y una posible responsabilidad contable por parte de 200 alcaldes de municipios catalanes que viajaron a Bruselas para participar en un acto convocado por Puigdemont.

El ministro finaliza su informe ante el juez mostrando su "compromiso a poner a disposición de los Tribunales la información que puedan requerir, tanto la aportada por la interventora de la Generalitat, como el criterio técnico que se pueda requerir al Ministerio para la determinación y cuantificación de todos los recursos públicos, al margen de los estrictamente presupuestarios, para los que pueda sospecharse la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos", concluye el documento.

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Cadena SER

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