El juez asegura que las afirmaciones de Montoro no comprometen la acusación por malversación de caudales públicos

Madrid

El juez Pablo Llarena quita hierro a las palabras del ministro Cristóbal Montoro y afirma en su último auto que la acusación de malversación de caudales públicos que pesa sobre catorce líderes del procés sigue plenamente vigente. "Los indicios de fraude surgidos con ocasión del control presupuestario" por parte de Hacienda desde septiembre "son coincidentes con la investigación de la realidad fáctica que sostiene esta instrucción", asegura.

A la espera de tener que justificar la acusación por rebelión que pesa sobre el expresident Carles Puigdemont ante la Justicia alemana, el magistrado desestima los argumentos de los más de diez imputados acusados de este delito, que esgrimían las palabras del titular de la cartera de Hacienda negando el uso de dinero público por parte de la Generalitat en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado.

El juez recuerda, en primer lugar, que las declaraciones de Montoro fueron hechas en una entrevista concedida al diario El Mundo y que, en ese contexto, "no resulta extraño que se puedan simplificar las afirmaciones para mantener una cierta reserva de detalles fácticos importantes para una investigación delictiva", defendiendo que Montoro pudo no dar más datos por cautela.

Además, defiende que el propio entrevistado hizo "matizaciones" que las defensas de los acusados "silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación", recordando además que "el ministro recoge la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada".

"Indicios coincidentes"

Fue el propio juez Pablo Llarena quien pidió explicaciones por escrito al Ministerio de Hacienda después de las palabras de Montoro, en pleno tira y afloja con Alemania por la entrega de Carles Puigdemont por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos. Por el momento, la Audiencia de Schleswig-Holstein ha mostrado su negativa a entregarle por el primero de los delitos.

Llarena asegura que, además, todos los datos aportados por Hacienda - fruto en su mayoría del control que ejercen sobre las cuentas catalanas desde mediados de septiembre - apuntalan la acusación por malversación de caudales públicos. "Se aprecia que algunos de los indicios de fraude surgidos con ocasión del control presupuestario y denunciados en su día ante la Fiscalía General del Estado por el Ministerio de Economía y Hacienda, son coincidentes con la investigación de la realidad fáctica que sostiene esta instrucción", dice. 

No es necesario gastar

Por el momento, los investigadores de la Guardia Civil consideran acreditado que los distintos departamentos de la Generalitat catalana que dirigía entonces Carles Puigdemont comprometieron casi dos millones de euros públicos en impulsar el procés y organizar el referéndum ilegal.

Ampliar

El juez, además, recuerda que no es necesario que el dinero sea gastado para entender que se ha cometido el delito, sino que es suficiente con que se ponga el proceso en marcha. Es necesario que "se realice un acto dispositivo que tenga como finalidad la transmisión de bienes o derechos que conllevan la disminución del patrimonio" y que aunque no lleguen a pagarse los servicios "se genera el perjuicio patrimonial que se analiza, con independencia de que el pago haya sido transitoriamente retenido".