Malestar en el Tribunal Supremo por la decisión de no entregar a los exconsellers
Fuentes de la sala de lo penal del alto tribunal no ocultan su descontento con la decisión de la Justicia belga de no entregar a Comín, Serret y Puig, y afirman que incluso puede reflejar una "falta de compromiso" con la colaboración entre países
Madrid
La decisión de la Justicia belga de no entregar a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig ha sentado muy mal en el Tribunal Supremo y fuentes de la sala de lo penal no ocultan su descontento con la decisión: a la espera de poder recibir la resolución y proceder a su estudio, fuentes de la sala segunda critican con dureza la decisión y cuestionan incluso el compromiso de Bélgica con la cooperación judicial internacional.
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Fuentes de la sala que enjuiciará esta macrocausa en el futuro aseguran que no comparten la decisión de no entregar a los tres exconsellers y aseguran, incluso, que "podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial" solicitada por el juez Pablo Llarena.
Estas mismas fuentes ponen encima de la mesa el auto de procesamiento que dictó el juez el pasado mes de marzo, que ya recogía "los hechos y argumentos jurídicos" que pesan sobre ellos, y añaden que "sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico permite obviar" los indicios por los que Llarena reclama la entrega de los tres.
Encontronazos con Bélgica y Alemania
El malestar que manifiestan esta fuentes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo se suma a las numerosas discrepancias que ha mostrado la Justicia española, por ahora, con Bélgica y Alemania: ya el pasado mes de abril, la sala de apelaciones aprovechó un auto en el que negaba la posibilidad de que Jordi Sànchez pudiese ser investido president de la Generalitat para dejar por escrito su malestar.
"Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania no parece muy factible que todo se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica", decía en ese escrito, asegurando que la decisión de la Audiecia de Schleswig-Holstein era "carente de rigor" y que "contradice los parámetros propios de lo razonable".