Los migrantes cruzan a Estados Unidos pese a las políticas de Trump

McAllen (Texas)

Jaime Hernández se prueba unos zapatos que le han dado en el albergue donde ha pasado la noche. “Cuando me detuvieron me quitaron todo, hasta los cordones”, dice. Jaime salió el día anterior de prisión. Estuvo cinco días, toda una eternidad desde que le separaron de su hijo.

Cruzaron el Río Bravo en la madrugada del 18 de junio. Caminaron durante varias horas cuando una patrulla de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés) los detuvo. “Me separaron de mi hijo, no me dijeron dónde le iban a llevar o cómo podía hablar con él, solo que a mí me iban a deportar y que él se iba a quedar en este país”. Jaime habla bajito, mezcla de timidez y de un nudo en la garganta que le aprieta desde hace días. “Me sentía desconsolado. venía a buscar un futuro mejor y me encontré con que había perdido a mi hijo”.

El sueño de ser doctor

Álvaro mira a su padre. Habla todavía más bajo, cuesta escucharle con la televisión que suena de fondo y unos niños, el más mayor de cinco años, que juegan con las construcciones que los voluntarios donan al albergue. “Me llevaron a un centro de menores. Estábamos separados los chicos de las chicas. Nosotros éramos 86 y había niñitos de 9 que habían separado de sus padres”. Él tiene 16, empezó el viaje desde Guatemala con la ilusión de ser doctor y de ayudar a su madre y a sus cuatro hermanas, que se quedaron en Jalapa. “Estábamos enjaulados”, dice. “Me sentía muy angustiado. Todos lo estábamos. Preguntábamos a los agentes que cuándo íbamos a ver a nuestros papás y nadie nos explicaba nada”.

Jaime y Álvaro entraron a Texas con la nueva política de “tolerancia cero” que empezó a aplicar la administración Donald Trump a principios de mayo. El Departamento de Justicia dio la orden a los tribunales migratorios de procesar a los migrantes indocumentados como criminales, por lo que al ser detenidos y enviados a prisión tenían que ser separados de sus hijos menores, que pasaban a centros de detención bajo la categoría de “menores no acompañados”, como se denomina a los que viajan solos a Estados Unidos.

Esta medida encendió una alarma en todo el país cuando empezaron a publicarse fotografías y audios de los niños detenidos, algunos de meses, llorando desconsolados y preguntando por sus padres sin parar. La presión, dentro y fuera de Estados Unidos fue tal, que Donald Trump suspendió la medida el pasado 20 de junio por decreto presidencial. A partir de ese momento empezaron las reagrupaciones. En los siguientes cuatro días las autoridades reunieron a 522 niños, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Pero 2.053 seguían detenidos, o han sido enviados a familias de acogida o distribuidos en albergues de 16 Estados, sin saber nada de sus padres. Álvaro tuvo suerte, el sábado 23, un agente llegó con una lista leyendo varios nombres, el suyo entre ellos. Iban a salir de la pesadilla.

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Álvaro y Jaime se juntaron en el albergue Caridades Católicas de McAllen, a unos 12 kilómetros de la frontera. “Yo salí porque me reuní con mi hijo”, dice Jaime, “pero ahí se quedaron muchos, miles. A cada rato llega más gente detenida. Amontonado se queda uno en esa celda, no hay espacio ni para recostarse”, dice conteniendo lágrimas. “La gente gritaba: comida, comida. Y los agentes nos decían que ellos también tenían hambre pero veías sus cajas de pizza ahí y a nosotros no nos daban apenas nada. Viera qué cosa tan tremenda pasamos”.

Jaime no se imaginaba que sería tratado como un criminal. “Hasta a la corte nos llevaron amarrados de manos, cintura y pies”, recuerda, “como si hubiéramos matado a alguien, pero el delito es nomás cruzar la frontera”. Un juez migratorio ha abierto expediente por su caso, ahora tendrá que presentarse eventualmente en un juzgado hasta que determine si le deportan o no. Un proceso que puede durar meses, incluso años, por la saturación de las cortes migratorias.

Jaime lleva un grillete en el tobillo derecho con un GPS. “Es un localizador, solo ellos me lo pueden quitar. Esto es para que uno no se fugue”, explica mientras se remanga el vaquero para mostrarlo. “Tengo que hacer todo lo que me dicen porque si no, me van a deportar y yo no me vuelvo a separar de mi hijo”.

Un albergue para menores no acompañados

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La hermana Norma Pimentel dirige el alberque desde 2014. Lo abrió por la llegada a Estados Unidos de miles de menores no acompañados que provocó otra crisis en la administración Obama. “Llevamos cuatro años atendiendo a las personas migrantes sin parar”, dice, “lo que pasa es que este gobierno persigue a los indocumentados de una forma más agresiva y esto aumenta el sufrimiento”. El albergue recibe una media de 150 familias al día. Son migrantes que salen de los centros de detención y van a casa de sus familiares mientras se soluciona el proceso migratorio. Allí les ayudan con ropa limpia, comida, aseo, alojamiento e información. También les ayudan a comprar los billetes de autobús para reunirse con sus familias.

Las últimas medidas para frenar la inmigración de la Casa Blanca coinciden con un incremento en las llegadas en los últimos tres meses. La Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 50,000 personas el mes pasado, una cifra récord desde que Donald Trump es presidente.

Hay revuelo en el albergue, Jaime se baja la pata del pantalón y se cubre el grillete. Una mujer delgada, rubia, de expresión amable entra en la sala. La hermana Norma y el resto de voluntarios van a recibirla. Es la senadora Elizabeth Warren, demócrata por el estado de Massachusetts y una de las personas que más suenan para la candidatura presidencial de 2020. Jaime y Álvaro se quedan en la silla, frente a la tele. No entienden lo que está pasando.

La monja y la senadora se sientan a hablar. Warren ha acudido a centros de detención y se ha reunido con agentes de la patrulla fronteriza. Quiere entender de primera mano lo que está pasando en la frontera. Las órdenes contradictorias del presidente y sus mensajes incendiarios pidiendo la deportación inmediata, sin pasar por ninguna corte y privando a los migrantes de poder pedir asilo, han puesto patas arriba al Capitolio, que es además incapaz proponer la reforma migratoria que les pide Trump.

La senadora se acerca a hablar con Jaime y Álvaro. Les pregunta por qué salieron de Guatemala, cómo cruzaron México y cómo fueron los días de detención. Norma ayuda a traducir las preguntas. Padre e hijo se levantan para contestar a la autoridad. Jaime coge aire y se calla la parte de que cultivar frijol no le da para sacar a su familia adelante y que va a hacer todo lo posible para que Álvaro pueda estudiar. Tampoco le cuenta la parte en la que atravesaron México en un camión frigorífico, hacinados con otros migrantes sin poder salir durante dos días y dos noches, ni en la que el coyote los esperó con una balsa a medio hundir para cruzar el Río Bravo. El hombre inspiró sin decirle el dolor que sintió al ver que los agentes de migración le hacían tirar todas las pertenencias que cargaba. Ni el desgarro cuando le separaron de su hijo. Ni cuando tiritaba de frío en la cárcel, o todos los días que no pudo dormir por la angustia.

“Llegamos en camión, venimos a buscar un futuro mejor”, dice. “¿Y creen que en Estados Unidos lo pueden encontrar?”, pregunta la senadora. “Sí”, contesta el padre. “¿Tienen familia aquí?, insiste Warren. “Un primo, en Nueva Jersey”, dice el guatemalteco, “mañana iremos a su casa en autobús”. “Wow”, dice con sorpresa, “es un viaje largo, ¿sabe que les llevará unas 48 horas?”. Jaime mira a su hijo, luego a la senadora y exhalando le dice: “sí, lo sabemos”.

**Los nombres de los migrantes son inventados para proteger su identidad